El comprahuevos electoral

Por Javier Sajuria, profesor de Ciencia Política en Queen Mary University of London

Al menos desde marzo de 2020, diversas organizaciones de la sociedad civil han alzado propuestas sobre cómo enfrentar el calendario electoral en medio de una pandemia. Desde sociedades científicas hasta think tanks y organizaciones de base se han reunido en incontables oportunidades para plantear alternativas de elecciones inclusivas y seguras. La respuesta ha sido, para cada elección, la misma: al principio, las autoridades los ignoran, después los escuchan, pero dicen que es muy tarde para hacer algo.

El sistema de administración electoral chileno es, a la vez, una bendición y una maldición. Es una bendición, porque nos ha permitido tener elecciones de gran calidad, con resultados rápidos y confiables, y con un historial de fraude casi inexistente. Desde 1988, el trabajo del Servel y la movilización de miles de vocales de mesa y apoderados es motivo de orgullo. Pero también es una maldición, porque nos ha vuelto insoportablemente aversos al riesgo. Hoy, con el afán de no tocar el sistema, hemos ido excluyendo sistemáticamente a sectores de la población, al punto de negarles sus derechos políticos por problemas logísticos.

El caso más persistente es el de personas privadas de libertad, pero que conservan su derecho a voto. La ONG Leasur lleva años trabajando el tema, al punto de obtener el pronunciamiento de la Corte Suprema ordenando que se asegure el ejercicio del derecho a voto a las más de 14.000 personas. Hasta ahora, nada de eso ha ocurrido, ninguna autoridad ha zanjado el tema. Incluso, el proyecto de voto anticipado que fue ampliamente aprobado en la Cámara y espera su turno en el Senado ignora de forma inexplicable esta realidad.

Lo que impresiona es la tendencia constante a preocuparse de estos temas al último minuto, cuando es fácil excusarse en el tiempo para no llevarlas a cabo. No obstante, las organizaciones de la sociedad civil han manifestado su apoyo y asesoría técnica en mecanismos como el voto anticipado, el voto domiciliario, filas preferentes o transporte público gratuito, el gobierno ahora anuncia su interés por una opción sólo recomendada en casos excepcionales: dividir el evento en dos días. Con razón, organismos internacionales como el PNUD plantean sus dudas ante la iniciativa. Yo pregunto si no se trata más bien de una propuesta que sea fácil de rechazar ante la premura del tiempo.

La pandemia ha obligado a pensar de forma creativa. En el caso de las elecciones, ha faltado creatividad y ha sobrado intransigencia, a costa del derecho de miles de personas. A pocos días que se haga prácticamente imposible implementar cambios, parecemos entrampados en la misma discusión que hace un año. Si no somos capaces de aunar voluntades en una pandemia para incorporar a todos los electores en el proceso, entonces la voluntad no existió nunca y hemos perdido un año completo. Ese tiempo lo podríamos haber dedicado a otras cosas en vez de tramitar con el comprahuevos.