El Congreso y la inamovilidad docente

La semana pasada concluyó la tramitación de un veto ingresado por el Presidente de la República, que tenía como propósito suprimir algunas disposiciones de una moción parlamentaria ya aprobada por el Congreso y que introducía cambios al estatuto de profesionales de la educación. Si bien el veto fue rechazado por el Senado -así como previamente lo había hecho la Cámara de Diputados-, no se alcanzaron los votos necesarios para insistir con los artículos que habían sido objeto del veto. Con ello, entre los elementos más relevantes que el gobierno logró eliminar de la ley está la inamovilidad que pretendían introducir los legisladores para aquellos docentes que obtuviesen una mala evaluación de forma reiterada.

De esta forma, la ley vigente seguirá estableciendo que quienes exhiban un desempeño en nivel básico por tres evaluaciones consecutivas o bien que alternen entre el nivel básico e insuficiente, deberán abandonar la dotación docente. Considerando la distancia que existe entre los procesos evaluativos obligatorios, esto significa que ello podría ocurrir recién al cabo de 12 años -una generación completa de estudiantes-, lo que constituye un tiempo más que prudente, e incluso demasiado largo, antes de esperar mejoras en el desempeño de un profesor.

Sin duda es una buena noticia que se suprimiera esta parte de la ley. Cuando hablamos del mejoramiento de la calidad de la educación que reciben los niños, es un hecho que el elemento que más incide en esta es el nivel de sus profesores, y por lo tanto no debiera haber espacios para retroceder en iniciativas que precisamente lo que buscan es avanzar en el mejoramiento de dicha dimensión.

En ese sentido, hay que señalar lo preocupante que resulta que el Congreso hubiese presentado y aprobado una moción de esta naturaleza. Y que una vez presentado el veto del gobierno, igualmente la mayoría mantuviera su postura inicial, desoyendo los argumentos esbozados por el Ejecutivo. Ello es aún más desconcertante si se tiene en cuenta que la posibilidad de desvincular a docentes como consecuencia de su mala evaluación reiterada se había introducido en la ley de carrera docente promulgada hace tan solo cinco años. Más allá del resultado final, es necesario que la opinión pública siga más de cerca a un Congreso cuya mayoría tiene este tipo de posturas frente a materias tan relevantes para el ámbito educativo.

Tras dos años de enormes dificultades producto de la pandemia -precedidos de la continua interrupción de clases producto de paralizaciones y conflictos ajenos a lo estrictamente educativo, en los que el gremio docente jugó un rol fundamental-, no debieran abrirse espacios para iniciativas que, con tal de dar un guiño a grupos de interés como el Colegio de Profesores, a la larga atenten contra el buen funcionamiento y el mejoramiento de las escuelas. Es fundamental que desde todos los sectores se logre un consenso en algo tan elemental como promover mecanismos que aseguren que los niños sean atendidos por profesionales de buen nivel.