El costo de vivir al tres y al cuatro

Previo al 2020, los hogares del 80% más pobres del país ya tenían que llegar a fin de mes rasguñando el bolsillo; tras la llegada de la pandemia, el 25% de estos aseguraron sentir inseguridad alimentaria. Este problema de insuficiencia, aún no resuelto, se ha ido profundizando, lo que es evidenciado con cifras como las entregadas recientemente por el Banco Mundial, el cual afirma que 2,3 millones de personas de clase media han caído en la vulnerabilidad. Dadas las circunstancias, no sería extraño que hechos como el alza de los $30 por pasaje, lleven a grandes manifestaciones por parte de la ciudadanía -cuestión que no justifica la violencia bajo ninguna circunstancia-.

Prevenir un descontento así requiere de empatizar con la condición económica de la población y tomar decisiones considerando el impacto que las políticas tendrán sobre su calidad de vida. En este sentido, hay que preocuparnos de que la ciudadanía cuente con un poder adquisitivo suficiente para costear gastos básicos. No es posible que, a un año de la pandemia, junto a la proliferación de ollas comunes, el índice de precio de alimentos duplique -y más- el IPC. No por nada la compra básica de comida de un hogar vulnerable -equivalente al 30% de su gasto promedio-, es casi tres veces mayor aquí que en otros países desarrollados al comparar la relación gasto-ingreso. Por otra parte, ha habido un alza en la demanda y precios de viviendas, a lo que se suma el hecho de que, desde 2019, han aumentado en 74% las familias que viven en campamentos.

Hay distintas formas de reducir el costo de la vida. Por una parte, el crecimiento económico es fundamental, pues se relaciona virtuosamente con la generación de empleos -principal fuente de ingresos- y la competencia -la cual reduce los precios, aumenta la productividad y genera incentivos para innovar-. En segundo lugar, es clave recaudar más para financiar una mejor ayuda para reducir los costos de la población y/o aumentar los salarios. Ejemplos de esta son los subsidios -como propone Ignacio Briones para mitigar el valor del pasaje del transporte-, y las transferencias directas -como lo sería un Impuesto Negativo al Ingreso-. Estos instrumentos podrían ser perfectamente costeados si atendiéramos desafíos como los asociados a las exenciones tributarias, los programas sociales mal evaluados, ente otros.

Así como es viable mejorar la acción estatal en la tarea de reducir el costo de la vida -pues el porcentaje de ingreso de las personas en edad de trabajar correspondiente a transferencias directas es el menor entre países de la OCDE-, urge también potenciar la reactivación económica para que los subsidios y las transferencias sean sostenibles. En un momento de cambios como el que vivimos, es primordial ocuparnos de las tareas que permitirán efectivamente consolidar un acuerdo social para emprender reformas sostenibles e integrales. De esta forma podremos no solo ayudar a que muchas personas dejen de vivir “al tres y al cuatro”, sino también recargaremos la esperanza en un plano donde hay tanta incertidumbre.