SEÑOR DIRECTOR:
El reciente informe del BID sobre el costo del crimen y la violencia en América Latina y el Caribe destaca el enorme impacto de este flagelo en el desarrollo económico y social de la región. Con un costo directo estimado en un 3,4% del PIB en 2022, estos recursos se destinan principalmente a seguridad, justicia y sistemas penitenciarios. En Chile, dicho gasto osciló entre el 1,8% y el 3,0% del PIB, con una parte significativa dedicada al sistema carcelario, que consume el 0,28% del PIB, algo comparativamente alto frente a otros países de la región.
Sin embargo, las cárceles no han logrado cumplir su función rehabilitadora. Por el contrario, perpetúan ciclos delictivos y, en muchos casos, sirven como plataformas de expansión para organizaciones criminales transnacionales. La ineficiencia del sistema penitenciario es evidente: mientras el costo promedio por recluso supera el ingreso neto de un trabajador chileno promedio, su impacto en la reducción del crimen es limitado.
El presupuesto 2025 del gobierno prioriza la seguridad y la gestión penitenciaria, pero urge repensar el enfoque. Implementar alternativas a la prisión para delitos menores puede aliviar el hacinamiento, reducir el contacto con redes criminales y optimizar los recursos públicos. Estas medidas, además de ser más sostenibles, permitirían concentrar esfuerzos en el combate del crimen organizado, principal desafío de seguridad pública.
Carlos Díaz
Director Magíster en Economía, Facultad de Economía y Negocios, UAH
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