Por Adriana Muñoz, presidenta del Senado
El Covid-19 está azotando con fuerza a todo el mundo. Las naciones buscan contener sus efectos económicos. En Chile, la respuesta ha sido -hasta ahora- lenta y débil, buscando calzar cada acción en el modelo neoliberal, que ha generado desigualdad y abuso.
La primera medida, el Bono Covid fue un paso en falso. $50.000 por carga era insuficiente. No logró tranquilizar a las familias ni evitar que salieran a buscar ingresos. Las y los trabajadores independientes siguen esperando. Para las y los trabajadores informales, se plantea un ingreso de emergencia, de $260.000 por familia. Es un avance, pero debiera superar, al menos, la línea de pobreza.
No ha habido ninguna acción decidida para aminorar el costo de la vida y endeudamiento de los hogares, como las aplicadas en países europeos. Debe utilizarse el estado de excepción para controlar los precios en artículos de primera necesidad. Es hora de exigir a bancos y casas comerciales postergar las cuotas de créditos, sin exigencias ni intereses. También es el momento de que empresas de servicios domiciliarios busquen soluciones para las familias afectadas en sus ingresos.
Respecto de las empresas, los créditos garantizados por el Estado serán intermediados por la banca. Se han aclarado plazos y tasas de interés. Sin embargo, un número significativo de Pymes no podrá acceder. En el extremo opuesto, se apoyará a algunas grandes empresas, pero la posibilidad de que el Fisco ingrese a su propiedad- como se hizo en USA con GM- o que se exijan condiciones en materia de desvinculaciones o salarios de sus máximos ejecutivos, parece una herejía.
El broche de oro es la “nueva normalidad”. Se pide el retorno de funcionarios públicos a sus oficinas, se plantea retomar las clases en mayo y se dictan normas para reabrir el comercio. Todas medidas que insinúan que la pandemia está superada, cuando sigue expandiéndose. La señal seria y responsable debería ser redoblar la prevención, pero en su lugar, se dan mensajes confusos.
Nuestras autoridades se resisten a restar capacidad de gestión al empresariado, prohibiendo los despidos y exigiendo una gestión austera; se prefiere pedir colaboración, en lugar de usar la ley para limitar precios, tasas, utilidades, intereses y beneficios y se oponen a dejar la subsidiariedad y abrirse a un Estado potente y emprendedor para asumir iniciativas.
Parecen más preocupados de acotar el gasto y los efectos económicos que de proteger la vida y la salud de las chilenas y chilenos. Ante una catástrofe sin precedentes, se rehúsan a adoptar decisiones enérgicas en favor de las y los trabajadores y sus familias, sin ajustarlas a la receta neoliberal de siempre y a los intereses de unos pocos.
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