SEÑOR DIRECTOR:
Silenciosamente, la regulación medioambiental comienza a amenazar la actividad productiva en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, donde la priorización de la conservación se está consolidando a costa del desarrollo económico y social.
La primera alerta surge de la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que señala que la actividad productiva debe ser compatible con los objetos de protección. Esto suena bien, pero el problema es que se están desarrollando adecuaciones normativas y planes de manejo financiados por ONG internacionales cuyas medidas y exigencias para resguardar la biodiversidad en áreas protegidas está poniendo en peligro el desarrollo y continuidad de la pesca y la salmonicultura en la región.
La mayor parte del territorio marítimo de la Región de Magallanes se encuentra bajo alguna categoría de conservación y estos planes de manejo podrían liquidar las opciones de renovación de las concesiones otorgadas (y las solicitudes en trámite), afectando a 86 de las 133 concesiones de acuicultura que hoy están en zonas protegidas.
Un segundo aspecto que relevar es el rol que están jugando estas ONG de financiamiento internacional, en el caso de Magallanes, limitando la expansión de la salmonicultura y la instalación de nuevos proyectos. Solo en la región, una única organización ha judicializado 14 proyectos de pesca y acuicultura por más de US$ 170 millones entre 2020 y 2022.
Es importante que la ciudadanía tome conciencia de lo que esto significa para la actividad económica de la región y para el país en su conjunto. No existe sostenibilidad posible si no se tiene a la vista los aspectos medioambientales de la mano con el impacto económico y social de las medidas. Lo que está pasando en la zona austral da cuenta que la ideología del decrecimiento tiene formas diversas de manifestarse, pese a haber sido rechazada en forma mayoritaria en el primer borrador constitucional.
Susana Jiménez Schuster
Vicepresidenta CPC
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