El dedo en la llaga
Por Juan Carvajal, periodista y exdirector de la Secom
Se ha hecho lugar común escuchar sobre la necesidad de priorizar el tema de la seguridad pública debido al temor creciente de la ciudadanía en torno al narcotráfico y la delincuencia. La lista es larga y compleja; asaltos de todo tipo, portonazos, encerronas, balaceras, disputas a golpes y armas de fuego entre comerciantes ambulantes. Muchos de estos hechos de violencia se producen con o sin la participación de inmigrantes, pero es claro que ha llegado al país una nueva forma de delinquir y ello contribuye al estigma. Todo lo anterior, sin considerar los datos sobre la violencia en La Araucanía o en las principales plazas del país que, por mucho que se presenten con influencia política-ideológica, son sencillamente acciones y hechos que conforman un estado de cosas que nunca existió antes en Chile y que hoy, con razón, siembran el pánico en la ciudadanía.
Los datos indican que en la primera semana de este año los robos con violencia aumentaron 70%, en comparación con igual fecha de 2021; los robos con intimidación, 61%; los robos con sorpresa 74%, y los robos violentos de vehículos, 44%. Esto, según los datos del propio Sistema Táctico de Operación Policial de Carabineros. Y es que no solo los homicidios ocurridos en los últimos días preocupan a los habitantes del país, ya que varios de los delitos de mayor connotación social han crecido por sobre el 60% en los primeros días de 2022.
Por eso llaman la atención los antecedentes inexplicablemente siempre optimistas que entrega la subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez. A todas luces, lo que el gobierno trata y ha tratado de hacer es mostrar un avance en la lucha contra la delincuencia y disminución de los actos delictivos, cuando, en realidad, la ciudadanía sufre en carne propia esta suma de delitos antes mencionados.
Sin ir más lejos, en la reciente campaña presidencial, quienes se jactaban de que solo ellos tenían propuestas para combatir la delincuencia y el narcotráfico, eran los mismos que anunciaron las elecciones pasadas -es decir, solo cuatro años antes- que se le había “acabado la fiesta a los delincuentes”.
El rotundo fracaso de esta promesa de campaña demuestra que es una muy mala política hacer de los males estructurales anuncios electorales que luego no se pueden resolver y que se quedan en los simples titulares. Es evidente que en Chile la violencia, el narcotráfico y la delincuencia sobrepasaron todos los límites posibles y que el margen para producir golpes sustantivos a quienes delinquen se ha ido estrechando en la medida que estas fuerzas del mal se han ido apropiando de barrios y municipios, y penetrando diversos ámbitos del quehacer nacional, incluida la política, en su despliegue.
Es evidente que esta materia debe ser una de las primeras prioridades del gobierno que asume, ya que es un mal que atenta contra cualquier buen propósito y que empaña cualquier acción de mejoramiento de las vidas de las personas, cuando su largo brazo aparece con su veneno corruptivo que solo siembra desconfianza y daña la fe pública en sus autoridades.
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