Por Eve Crowley, representante de FAO en Chile, y Manuela Cuvi, oficial jurista de la FAO para América Latina y Caribe
Con ocasión del Día Mundial de la Alimentación, evento que busca concientizar sobre los problemas alimentarios mundiales, levantamos el lema “nuestras acciones son nuestro futuro”. Este lema cobra gran sentido en el actual proceso constitucional chileno que definirá las bases que sentarán el futuro del país.
Chile enfrenta cifras extremadamente altas de malnutrición por exceso: 7 de cada 10 personas mayores de 15 años y 6 de cada 10 niñas y niños de quinto básico experimentan obesidad o sobrepeso. Los indicadores relacionados con el hambre y la falta de acceso a alimentos continúan bajo el promedio regional, pero en alza. Hoy, en Chile, hay un 79% más de personas con hambre, 1,5 millones más que entre 2014-2016, llegando a 3,4 millones de personas.
Ambos problemas de malnutrición tienen un componente relevante de desigualdad. En Chile, la inseguridad alimentaria grave y moderada afecta al 20,4% de la población perteneciente al quintil de menores ingresos y a un 3,4% del quintil de mayores ingresos. Por otra parte, la inseguridad alimentaria y la obesidad afectan más a los hogares con jefatura femenina, y a las mujeres en general, evidenciando una importante brecha de género.
Esto tiene un impacto en la situación sanitaria general. En Chile, hasta un 80% de las muertes se deben a enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a la alimentación. Se estima que, en 30 años, la expectativa de vida disminuirá 3,5 años como consecuencia de este tipo de enfermedades, retrocediendo importantes avances conseguidos en materia de salud. En cuanto a los efectos económicos, el país gasta hasta un 9% de su presupuesto sanitario en el tratamiento de enfermedades asociadas a la alimentación. El costo alcanza hasta un 1% del PIB y podría llegar en 30 años incluso a un 4%.
La Convención Constitucional tiene la oportunidad de contribuir al combate contra la malnutrición en todas sus formas, asegurado un nivel de vida adecuado de los habitantes de Chile. El punto de partida para ello se encuentra en el artículo 135 de la Ley 21.200 que habilitó el proceso constitucional chileno, mandatando el respeto a “los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.
Desde la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y los subsecuentes pactos internacionales sobre derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, así como los tratados regionales adoptados en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y otros tratados como el Convenio 169 de la OIT, más de 75 años de historia acompañan este proceso.
Concretamente, el derecho a la alimentación adecuada está reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual Chile es parte. Por ello, la FAO ha recomendado que sea incluido de manera explícita en la nueva Constitución, como ya lo han hecho 30 países del mundo, 15 de la región de América Latina y el Caribe. La FAO ha puesto su apoyo técnico a disposición de los convencionales como parte del sistema de las Naciones Unidas y tiene a disposición de los interesados material informativo en su sitio web.
Chile tiene la oportunidad de construir un nuevo pacto social donde la vida digna, la alimentación adecuada, saludable y nutritiva, el agua, la tierra, los recursos naturales y, en definitiva, todos los derechos humanos, ocupen un lugar central y estén al alcance de todas las personas, sin dejar a nadie atrás.
