Por Pamela Figueroa, académica U. de Santiago y coordinadora del Observatorio Nueva Constitución
Durante las últimas semanas y luego de instalada la Convención Constitucional, se inicia un proceso de audiencias públicas donde miles de personas y organizaciones se han inscrito para ser escuchadas sobre diversos aspectos del debate constitucional.
A través de esas audiencias públicas hemos podido escuchar testimonios de pueblos originarios, de migrantes, de organizaciones de la sociedad civil, de académicas y académicos, que han concurrido a la Convención Constitucional para aportar una pluralidad de puntos de vista y experiencias, con el fin de dotar de legitimidad a las decisiones que convencionales constituyentes deben tomar en esta primera fase: las reglas de la Convención Constitucional.
Sin duda, la práctica de audiencias es un mecanismo necesario para comenzar a establecer la participación pública como principio del debate constitucional, pero no es suficiente. Las y los convencionales tienen claro que la legitimidad del texto constitucional se funda en un proceso abierto a la ciudadanía.
Es así como se han establecido comisiones provisorias para abordar este asunto: de participación popular y equidad territorial, y de participación y consulta indígena. Dichas comisiones tienen el desafío de proponer un proceso de participación pública que cumpla con el anhelo ciudadano, de que, para fortalecer la democracia representativa en crisis, se hace ineludible instalar mecanismos institucionalizados de participación y deliberación democrática en torno a los contenidos constitucionales.
Una experiencia reciente es la etapa participativa del proceso constituyente impulsado por la Presidenta Michelle Bachelet en 2016. De los aprendizajes de ese proceso, se desprende que para que la participación ciudadana sea incidente en las decisiones públicas, se requiere una metodología de deliberación que permita converger en acuerdos, acuerdos parciales y desacuerdos de la ciudadanía frente a las principales materias constitucionales, y que los resultados de esos diálogos sean sistematizados y dados a conocer públicamente con la mayor transparencia. La sistematización de las conversaciones de la ciudadanía se convierte en un insumo importante para el trabajo de la Convención, y permite la trazabilidad, es decir, que como ciudadanas y ciudadanos podamos visualizar en qué medida esa deliberación se expresa en el texto constitucional, sobre el cual nos pronunciaremos en el plebiscito ratificatorio.
La participación pública incidente, utilizando metodologías de deliberación democrática, es una oportunidad para fortalecer la confianza hacia la política y los asuntos públicos. La Convención Constitucional puede ser un primer paso hacia una democracia más abierta e inclusiva.
