SEÑOR DIRECTOR:
Como país catalogado de “altamente vulnerable” por las Naciones Unidas, desde 2017 Chile ha desarrollado un proceso de mejora continua de la institucionalidad y marco legal en materia de gestión de desastres. Actualmente el país no solo cuenta con los instrumentos necesarios para prevenir el impacto de estos eventos, sino que se han inyectado ingentes sumas de dinero a municipios para ello. Como informa la Contraloría General de la República, ya se han traspasado 93 mil millones de pesos a 307 municipalidades y se transferirán 2.500.000 UTM, equivalentes a 164 mil millones de pesos más, a aquellos municipios con mayor dependencia al Fondo Común Municipal.
Cabe preguntarse entonces, por qué, según información del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, solo 43 de los 345 municipios del país han sometido a revisión de esa institución sus Planes Comunales de Gestión de Riesgo de Desastres, como los mandata la ley. ¿Dónde están las nuevas construcciones de encauzamiento de cuencas, piscinas aluvionales, el reforzamiento de borde costeros, y tantas otras obras que mitigan los efectos de estos fenómenos?
Como resulta evidente, el objetivo de prevenir los efectos de este tipo de situaciones no se logra con nuevas normativas y grandes sumas de dinero, si las autoridades que tienen la responsabilidad de velar por la seguridad y el bienestar de la población no utilizan esos recursos en hacer el trabajo. Un tema esencial, más aún cuando la Oficina para la Reducción Riesgos de Desastres de las Naciones Unidas ha demostrado que por cada dólar invertido en este tipo de obras de prevención, los Estados ahorran siete dólares gastados en recuperar y rehabilitar los efectos de los desastres.
Bernardo Castro Salas
Director Diplomado en Gestión de Riesgos de Desastre, U. Finis Terrae
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