Por Rolf Lüders, economista
En estos últimos días las comisiones temáticas de la Convención Constitucional han comenzado a definir algunos de los artículos que eventualmente pudiesen formar parte de la propuesta que se someterá a plebiscito. En el ámbito de la economía, algunas de esas decisiones -como por ejemplo aquella sobre la así denominada nacionalización de la minería y aquella otra que no acogió el derecho al libre emprendimiento- han causado sorpresa, inquietud y desazón. Por cierto, hay que tener presente que las resoluciones mencionadas no son las definitivas y que ellas están, por las mismas comisiones y/o en el plenario, sujetas a cambios o incluso a rechazo.
Una buena Constitución debe poder representar a todas y todos y lo debe hacer con una visión de muy largo plazo, en que el contexto con toda seguridad cambiará. En lo que a la economía se refiere, eso implica recoger principios muy generales y evitar tratar de plasmar en ella un modelo en particular, por muy tentador que eso sea desde una perspectiva político-partidista. Sería caer en lo mismo que se le critica a la actual Constitución. La definición del modelo es tarea de las leyes y de otras normas que definen las políticas públicas.
La experiencia acumulada (Holanda, Gran Bretaña, EE.UU., Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, los países escandinavos, Australia, Corea, y de algunos países asiáticos, y en ese orden temporal) sugiere que el buen crecimiento se da si se cumplen cuatro condiciones institucionales, representadas por las aristas de lo que Smith, Sylla y Wright (2007) denominan el diamante del crecimiento sustentable. Son esas las instituciones que debiera recoger la nueva Constitución.
¿Y cuáles son ellas? Una administración razonable de justicia (respeto a los derechos humanos, la libertad y los derechos de propiedad); un sistema financiero moderno, incluyendo un grado razonable de estabilidad de precios; un sistema abierto de acceso al emprendimiento; y, finalmente, la capacidad de manejo de grandes empresas. Los caminos al logro institucional correspondiente han sido diversos y sus formulaciones específicas han variado, pero su existencia ha sido condición necesaria para el desarrollo.
Sin embargo, para que las mencionadas instituciones existan y se opte por las políticas públicas apropiadas, es necesario tener el ambiente adecuado y, en particular, gobiernos proclives al crecimiento sustentable. En ese sentido, y recogiendo también la experiencia histórica, Acemoglu y Robinson (2019) sostienen que debe darse un delicado equilibrio entre gobiernos demasiado débiles para proteger a los ciudadanos unos de otros, o -como corremos el riego que suceda en los próximos años- demasiado poderosos para extraerle cuantiosos recursos a la ciudadanía, sin ofrecer los servicios correspondientes.
