Por Hernán Cheyre, Centro de Investigación Empresa y Sociedad UDD
La inflación ha dejado de ser un número preocupante y se ha transformado en una realidad agobiante para la gran mayoría de los chilenos. La variación de 7,2% experimentada por el IPC el año pasado fue un inesperado y negativo golpe -si bien plenamente explicable como consecuencia de la gran liquidez inyectada a la economía a través de las políticas fiscal y monetaria y por los retiros de fondos previsionales-, y las perspectivas para este año podrían no ser muy distintas, considerando una inercia que se mantiene, así como los efectos derivados del conflicto bélico en Ucrania. Una inflación acumulada de 15% en dos años no puede ni debe dejar indiferente a nadie, por lo cual el control de este virus debe ser primera prioridad. Y esto no va a depender solamente del Banco Central, sino que también del curso de la política fiscal, así como de las decisiones que se adopten en el ámbito político y constitucional, las que están impactando el nivel del tipo de cambio, cuyas alzas el año pasado amplificaron significativamente el efecto de las alzas en los precios internacionales.
Para atenuar estos efectos, en el caso de los combustibles el ministro Marcel tomó la decisión de proponer un aumento en el volumen de recursos a ser utilizados por el mecanismo de estabilización de precios (Mepco), lo cual va a permitir amortiguar durante el resto del año un aumento en el precio de las gasolinas en torno a 240 pesos por litro, a razón de seis pesos por semana, considerando un precio promedio del petróleo de 120 dólares por barril. Pero ello no va a evitar que hacia fines de año se acumule un alza como la indicada, de mantenerse las condiciones actuales, y está bien que ello sea así, por cuanto los precios entregan una señal de escasez relativa que las personas deben incorporar en sus decisiones de consumo. Un mecanismo de subsidio transitorio no resuelve -ni podría resolver- la dificultad de fondo derivada del nuevo escenario internacional. Cualquier esquema de este tipo involucra un cuantioso uso de recursos públicos -muy escasos en la actualidad-, que a la larga termina beneficiando también en una buena proporción a los sectores de más altos ingresos.
Ante esta difícil realidad, ayudas más focalizadas -por denostadas que estén- serían un camino preferible. Lo mismo es válido para otras áreas en las que se ha acumulado un “atraso” en los ajustes, los cuales están siendo compensados con subsidios públicos que tampoco podrán se ilimitados, y que compiten con el uso de los recursos fiscales para atender otras prioridades. Y la opción de recurrir a la fijación de precios en productos básicos -como ya se empieza a escuchar- solo agravaría el problema, tal como lo muestra la propia experiencia chilena en el pasado.
En definitiva, la única manera de cortar la raíz del problema es controlar la raíz misma del germen inflacionario, moderando el gasto y la inyección de liquidez, y establecer ayudas focalizadas para atender a los grupos más afectados. Lo demás es un espejismo.
