El drama del crimen organizado en Arica

Cartel de Aragua, cerro Chuño, Arica

Los casos de asesinatos, torturas, extorsiones y copamientos de sectores de la ciudad por parte del crimen organizado anticipan lo que podría ocurrir en otras zonas del país si la Fiscalía y el gobierno no contienen a tiempo este flagelo.



Una investigación periodística que realizó este medio en la ciudad de Arica permitió dimensionar la cruda realidad que allí se vive en materia delictual, en particular por la presencia de peligrosas bandas colombianas o venezolanas que buscan sembrar terror, como es el caso del Tren de Aragua. Los asesinatos con armas de fuego, pero especialmente el ensañamiento inaudito en los crímenes -que se dejan sentir sobre todo en personas extranjeras de identidad desconocida- se multiplican cada vez más; así también ocurre con los casos de tortura y amedrentamiento. Son grupos que gracias a estos violentos métodos -lo que les procura el silencio de los vecinos- han ido copando sectores de la ciudad, como es el caso del cerro Chuño, lo que facilita la expansión de las actividades ilícitas.

Lo señalado da cuenta de un abandono y ausencia del Estado que no supo anticipar lo que estaba ocurriendo y que hoy se sorprende con las grandes incautaciones de drogas, redes de trata de personas, ajustes de cuentas y manifestaciones públicas del poder de fuego y violencia, delitos de un perfil que era desconocido.

Arica vive, por así decirlo, una “tormenta perfecta”, pues está comenzando a experimentar las consecuencias derivadas de la incapacidad para controlar la inmigración ilegal; su cercanía con grandes centros productores de droga también está convirtiendo a la zona norte no solo en territorio de paso para los estupefacientes, sino también como productora de sustancias ilícitas, creando así un terreno fértil para el crimen organizado. Estos peligrosos carteles -cuya operación y extensos tentáculos han sido ya descritos en otras investigaciones de este medio- constituyen una de las amenazas más graves para la seguridad del país.

La realidad que se vive en el norte todavía puede parecer lejana para la mayor parte de la ciudadanía, así como para el mundo político, pero lo que está sucediendo allí es un anticipo de lo que pronto podría empezar a ocurrir en otros puntos del país, a medida que el crimen organizado va extendiendo su radio de influencia. En Santiago ya se están tornando dramáticamente frecuentes los asesinatos en plena vía pública, también detectándose casos de secuestros y extorsiones -el episodio de internos de origen extranjero en Santiago 1 extorsionando o vejando a otros reclusos resulta elocuente-, generalmente protagonizados entre bandas rivales, sin que nada garantice que estas prácticas no puedan extenderse a ciudadanos comunes y corrientes.

No resulta aceptable que muchos habitantes de Arica tengan que vivir bajo el miedo y el amedrentamiento. Aun cuando la Fiscalía y las policías se han anotado una serie de logros desactivando bandas y a líderes de algunas de estas organizaciones, las capacidades y recursos parecen claramente insuficientes atendida la magnitud que está alcanzado el problema. La Fiscalía así como el Ministerio del Interior deben ser capaces de articular un plan a gran escala para esta zona, porque ya parece inminente que pueda devenir en una situación fuera de control, pero a la vez los anuncios de combatir el crimen organizado a nivel nacional deben traducirse pronto en medidas concretas y adquirir la prioridad política que ello amerita.

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