Por Andrés Dockendorff, Miguel Ángel López, IEI Universidad de Chile; y Tomás Duval, Universidad Autónoma
Decir que Chile tiene un Estado de bienestar como los países escandinavos sería pasarse siete pueblos, más si nos apegamos a las características de universalidad y desmercantilización que definirían dicho modelo en su variante socialdemócrata (ver Gøsta Esping-Andersen). Dicho lo anterior, en estos meses de pandemia se ha producido una reorientación no despreciable de las actividades del Estado. Transferencias directas como el Bono Covid y el IFE, cajas de alimentos y ley de protección del empleo, entre otras. Ello, buscando paliativos a una dura situación social y económica, con cerca de un millón de familias que ingresaron al Registro Social de Hogares, la mayoría en situación de vulnerabilidad socioeconómica. En la reciente Encuesta Bicentenario se reporta que casi el 50% de los entrevistados declaró haber recibido ayuda del gobierno en dinero o bienes durante la crisis.
La paradoja es que esta creciente universalización de la protección estatal se ha producido con una coalición de derecha manejando la ventanilla del Estado. Tan así, que varios en la derecha (y el gobierno) todavía no se dan cuenta, lo que podría explicar la falta de una narrativa ad hoc.
Lo anterior tiene implicancias. De partida, el papel protagónico del Estado en esta crisis pone en tensión los fundamentos ideológicos de la derecha y el gobierno. Cerrar la economía, y que una parte importante de la población sobreviviera (literalmente) con la ayuda del Estado, no es algo que se va a terminar por arte de magia cuando se deje atrás la pandemia. Hablar de focalización va a resultar cada vez más extemporáneo. Lo mismo es válido para una defensa a secas de la subsidiaridad. La rocambolesca conversión a la socialdemocracia de un aspirante a candidato presidencial parece ser una respuesta intuitiva a ese escenario.
Para la oposición, mientras tanto, debe resultar frustrante tener que mirar como esta inédita expansión del asistencialismo estatal y las políticas sociales ha sido implementada por la “derecha neoliberal y conservadora”. Ahora bien, el Estado benefactor a la chilena, si bien conlleva un ensanchamiento de la protección social y sus alcances a manos del sector público, no trae aparejado un realineamiento de base en torno a la idea de terminar con el mercado como sistema de asignación de recursos. Al mismo tiempo, una singularidad subyacente a este proceso, y que ha pasado inadvertida, es que este ensanchamiento del rol social del Estado se ha dado bajo el mismo ordenamiento constitucional que se ha apuntado como la “trampa” que garantizaría la existencia de un modelo que le asigna un papel secundario a lo estatal.
La estabilidad (y quizás también la supervivencia) política del gobierno depende de sopesar correctamente lo que implicaría retirar abruptamente la red de protección social desplegada durante estos meses. El gobierno tiene poco espacio para influir en el proceso constitucional, pero la cancha más despejada para avanzar en el ámbito social. Lo anterior influirá decisivamente en el futuro del conglomerado oficialista.
