Por Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo
Esta semana, como sucede cada vez que recordamos hechos importantes, hemos vuelto el tiempo atrás. Aunque el calificativo exacto es hechos lamentables más que importantes. La noche del lunes pasado nos volvió a esas imágenes que no dejaron dormir y vivir con tranquilidad durante muchos meses, luego del 18-O. Volver a ver cómo destruían el trabajo de personas, cómo quemaban parte del país y saqueaban el trabajo de emprendedores, nos ha cambiado el eje de la discusión política de la última semana. El cuarto retiro o el preocupante rumbo de la economía han sido desplazados otra vez por la violencia, y su condena o justificación.
Con preocupación, pareciera que algunos justifican la frase equivocadamente atribuida a Nicolás Maquiavelo que el “fin justifica los medios”, y que, por lo tanto, para poner fin a un país de desigualdades e iniciar un proceso constitucional, como el que estamos viviendo, era necesario un día como el 18-O, y la violencia y destrucción que eso significó.
“La violencia es inaceptable. Que mueran manifestantes, que quemen una iglesia, son acciones delictuales que no pueden quedar impunes. Ellas además juegan en beneficio de las fuerzas más oscuras”; “son acciones delictuales” sostenía el profesor Atria (actual convencional) al cumplirse el primer año del 18-O, semanas antes del plebiscito que ratificó el inicio del proceso constituyente. ¿Qué ha pasado en un año que ha cambiado su opinión y que hoy pareciera justificar la violencia del 18-O como mecanismo para lograr fines políticos? Usando esa lógica, el día de mañana perfectamente quienes no están de acuerdo con la marcha del proceso constituyente podrían salir a la calle, rebelarse frente a una Constitución que se ha saltado las reglas establecidas usando la violencia y la destrucción como mecanismo de rebeldía. Este es uno de los mayores peligros que enfrenta la política hoy. La validación, según el contexto, de actos que no pueden ser aceptados bajo ninguno. Con esa lógica, la de la conveniencia, cualquiera puede validar la destrucción, la violencia según sus particulares demandas.
Quienes defienden la democracia y la importancia de las instituciones en los sistemas políticos, no pueden avalar, ni aún a pretexto de cumplir con algo que parece justo, mecanismos que rompan las reglas establecidas. Las democracias mueren cuando la violencia es justificada por los actores llamados a construirla.
Las señales son muy importantes, por esto es condenable que un candidato presidencial prefiera visitar a los detenidos por destruir su país y no a quienes sufrieron esa destrucción. Igualmente es inaceptable que legisladores, dentro de los que se encuentra otra candidata a La Moneda, promuevan una ley que busca dejar impune los delitos cometidos durante las semanas posteriores al 18 de octubre y no reparar el daño a las víctimas.
Quienes justifican los hechos violentos del 18-O y los del lunes pasado, con visitas a los autores materiales, declaraciones a favor o proyectos de ley de indultos, lo que hacen es mostrar un profundo desprecio por la democracia. Porque en lugar de fomentar el orden, el derecho en paz a movilizarse y la participación política como métodos legítimos para hacer cambios, se inclinan por la violencia como método de acción. El fin no justifica los medios.
