El giro que ha provocado el caso Llaitul

La sólida y paciente investigación que ha llevado a cabo la Fiscalía en conjunto con la PDI permitió detener y formalizar al líder de la CAM, Héctor Llaitul, por los delitos de infracción a la Ley de Seguridad del Estado (LSE), hurto de madera, usurpación y atentado contra la autoridad, todo lo cual dio pie a decretar la prisión preventiva.

Los hechos descritos por la Fiscalía han permitido al país una mejor comprensión acerca de la forma como operan estos grupos -la CAM es uno de ellos, pero a lo menos hay otros siete, tanto o más radicalizados-, que disfrazándose tras la causa indigenista llevan a cabo acciones de carácter terrorista, revistiendo una evidente amenaza para la población. En el caso de Llaitul, si bien su responsabilidad penal deberá ahora ser demostrada, es un hecho que en distintas oportunidades reconoció y revindicó estos actos, haciendo públicos llamados a armarse para resistir al Estado. Tal proceder no podía caer en la impunidad, y a diferencia de lo que ocurrió en el llamado “caso Huracán”, en el que Llaitul fue indebidamente inculpado mediante pruebas falsas, esta vez la investigación parece sustentarse sobre bases sólidas.

Siendo Llaitul una figura “emblemática” del llamado conflicto indígena, y que contó con amplio respaldo político de vastos sectores de la izquierda chilena, incluidos varios dirigentes hoy en cargos clave del gobierno, era inevitable que su detención también tuviera ramificaciones políticas. El antecedente de que la ministra de Desarrollo Social intentó establecer un contacto directo con Llaitul, justo el día en que este había hecho un llamado a organizar una resistencia armada, adquirió ribetes escandalosos que hicieron insostenible su continuidad en el cargo, constituyendo la primera baja en el gabinete del Presidente Boric. La justificación de que la entonces ministra actuó siguiendo instrucciones presidenciales de dialogar con todos los sectores fue desestimada por el propio Mandatario, quien señaló que “dimos desde un comienzo un mandato general a nuestros colaboradores de hablar con todos quienes estuvieran por el camino de la paz, y claramente el señor Llaitul decidió tomar otro camino”.

El hecho de que el jefe de Estado reafirmara el camino de la paz así como la importancia de hacer cumplir el Estado de Derecho, y el que la ministra del Interior declarara que nadie estaba por sobre la ley, resultan ciertamente clarificadores. Aunque esta debió haber sido siempre la actitud que se habría esperado del nuevo gobierno, ello no ha sido así, como lo prueban los constantes zigzagueos en relación con la violencia en dicha zona. El propio Mandatario -al igual que otros- defendió la figura de Llaitul mientras fue diputado, y es un hecho que la intención inicial de las nuevas autoridades fue desechar de plano la aplicación del estado constitucional de emergencia en la Macrozona -alegando que la “militarización” no era el camino-, así como insistir en no invocar más la LSE. También fue evidente que hubo resistencia para querellarse por las constantes amenazas de Llaitul, y se reivindicó irresponsablemente la expresión “Wallmapu”, sin medir sus implicancias. Algunos ministros incluso aseguraron que en el país había “presos políticos”.

El peso de la realidad ha terminado imponiéndose, y el gobierno se ha visto en la necesidad de echar pie atrás en estos predicamentos, que previsiblemente eran parte de sus más íntimas convicciones. Ahora se invoca el estado de emergencia sin reservas, no se habla de “presos políticos” y la sólida investigación de la Fiscalía ha llevado a dejar de ver en Llaitul una figura digna de admiración. Aun si presionado por las circunstancias, este giro del gobierno es sin duda positivo para el país, porque da cuenta de que las instituciones están funcionando y las autoridades comprenden mejor su rol de Estado.

Pero para que este giro resulte efectivamente creíble y la ciudadanía tenga la certeza de que las antiguas convicciones que tanto han enredado al gobierno fueron dejadas atrás, es fundamental que las autoridades se mantengan en esta línea en todo lo que seguirá relacionado con la violencia en la Macrozona Sur -que va mucho más allá de la CAM- y en general en la tarea de restituir el orden público. En tal sentido, y cuando se acaba de comprobar que la LSE entrega herramientas a la Fiscalía para una mejor persecución de los delitos, no resulta comprensible que se insista en no seguir invocándola por razones ideológicas, como hace algunas semanas reiteró el ministro de la Segpres. Asimismo, se debe rectificar en forma urgente los dichos del abogado del Ministerio del Interior en la causa contra Llaitul, quien si bien se plegó a la solicitud de prisión preventiva, dijo de aquel en la audiencia de formalización que es “un líder, mucho más que un guerrero (…) podemos empatizar en algunos aspectos con su causa referida a la reivindicación territorial”. Tales afirmaciones van totalmente en contra de la línea que se ha pretendido establecer desde el gobierno, y son justamente el tipo de confusiones que deben evitarse.