Por Valeria Palanza, profesora asociada ICP UC; Red de Politólogas
Chile sobresale entre las democracias presidencialistas del continente como un caso exacerbado de concentración de poder en la Presidencia. Esto es un problema en primera instancia, porque socava las raíces de la democracia. Si bien las causas de la crisis política y social que atraviesa el país son varias y exceden lo institucional, en este plano, la concentración de atribuciones en la Presidencia carga con una responsabilidad importante.
El desprestigio del Congreso chileno y los bajos niveles de confianza en legisladoras y legisladores radica, en buena medida, en lo poco que el Congreso ha conseguido hacer en términos legislativos, y esto está fuertemente asociado a las trabas institucionales propias del dominio presidencial.
La Constitución de 1980 instauró un sistema que dio un poder de veto importante a las minorías que quisieran evitar la aprobación de determinadas leyes, le restó al Congreso la posibilidad de proponer cambios que involucren gastos para el Estado, y entregó excepcional poder a la Presidencia para intervenir en el proceso legislativo, proceso concebido por quienes idearon el sistema presidencial para limitar a la Presidencia antes que ser limitado por ésta.
De modo excepcional, aún para una región reconocida por la concentración de poder en manos presidenciales, la Presidencia chilena puede proponer modificaciones a los proyectos de ley a lo largo del proceso legislativo, influir sobre la agenda del Congreso mediante el uso de la urgencia legislativa, puede hasta modificar un proyecto de ley después de que el Congreso lo haya sancionado. Hay materias legislativas que solo la Presidencia puede proponer –lo que implica, de manera problemática, que si la Presidencia no quiere legislar determinadas materias, estas simplemente no serán legisladas. La parálisis legislativa, que tiene al país expectante con una multitud de demandas sobre la mesa, es consecuencia en parte de esto último.
Las consecuencias de este orden son perjudiciales por razones que conviene identificar. El ejercicio por el cual la ciudadanía elige a sus representantes en el Congreso, aunque desvalorado hoy en Chile, es un ejercicio eminentemente democrático que promete a la ciudadanía que sus preferencias tendrán voz y voto en el Poder Legislativo. Cuando este poder se ve truncado, lo que resulta coartada es, justamente, la representación de esa ciudadanía. Las demandas y preferencias de la ciudadanía, expresadas en la voz de sus representantes electas y electos al Poder Legislativo, necesitan ser validadas para que la democracia cobre sentido.
Chile enfrenta una oportunidad única. La ciudadanía renovó su confianza en el sistema al participar en un plebiscito y expresar su voluntad de cambio. Entre las reformas que será necesario evaluar para restaurar la credibilidad perdida por el sistema político y relegitimar las instituciones democráticas, está la posibilidad de respetar la voluntad de la ciudadanía expresada a través de sus representantes en el Congreso, y para ello será necesario recortar el excesivo dominio que la Presidencia tiene sobre su voz.
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