Por Gloria de la Fuente, presidenta, y Daniela Moreno, directora de Estudios, Consejo para la Transparencia
Nuestro país enfrentará este año un inusual calendario electoral, marcado por tal cantidad de comicios, que de aquí a poco más de un año, habremos renovado prácticamente a todas las autoridades nacionales, elegido a otras nuevas (gobernadores regionales) y seleccionaremos a los miembros de la Convención Constitucional. Todo ello ocurrirá, además, en un escenario particularmente complejo, a propósito de las probables restricciones de reunión y movilización que tendremos, al menos el primer semestre, producto de la pandemia.
Lamentablemente, lo que no es extraño y que ya pasa a ser casi un lugar común, es que las campañas se darán en un contexto de desconfianza que no ha dado tregua: desde hace varios años, en Chile no se confía en las instituciones, en las autoridades, en la información y pocos confían en su vecino. Y si bien esto es un escenario que se repite en distintas democracias del mundo, en Chile ha cobrado ribetes particulares porque la creciente desconfianza trajo, en definitiva, una crisis social y política que transformó el creciente malestar en estallido, como quedó de manifiesto en 2019.
Este escenario impone una tarea mayúscula para las candidaturas que no solo deben conseguir los votos de los ciudadanos a los que aspiran representar, sino que además deben regirse por una serie estricta de normas en materia de probidad y transparencia, que son producto de la legislación que se ha generado en los últimos años respecto a campañas y financiamiento de la política.
No obstante, en un escenario de desconfianza como el descrito, la cuestión va más allá, porque de lo que se trata es de fortalecer nuestro sistema democrático y volver a recuperar el sentido profundo que tiene la política. Para eso se requiere candidatos dispuestos a respetar no solo estándares legales, sino que también éticos y a una ciudadanía dispuesta a exigir la rendición de cuentas
Así, no bastará con informar las declaraciones de interés y patrimonio en los tiempos correctos o con rendir adecuadamente el presupuesto público destinado a las campañas, normativas trascendentales, pero básicas. Lo central será ir más allá, y asumir una actitud consciente respecto al negativo impacto que la vulneración de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales pueden tener en campañas electorales centradas en redes sociales que cuentan con limitadas regulaciones. Hemos visto en el mundo que la información falsa y el uso abusivo e intensivo de grandes bases de datos se han transformado en parte del escenario en que ocurren procesos electorales, que muchas veces ayudan a polarizar o a debilitar el debate público.
Es cierto que hoy la legislación no abarca estas nuevas dimensiones de la actividad electoral, pero es cierto también que existen límites éticos a la acción individual que deben resaltarse cuando más se necesitan. La generación de una Estrategia Nacional contra la Desinformación como la que el Consejo para la Transparencia se encuentra elaborando con organizaciones de la sociedad civil y un grupo de expertos en la materia, es un buen comienzo y, desde ya, llamamos a todos los candidatos a comprometerse con ella y a la ciudadanía a estar alerta y hacer exigible se respeten sus derechos fundamentales.
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