Por Egon Montecinos, director del Centro de Estudios Regionales y del Desarrollo Territorial de la U. Austral de Chile
El lado A fue el acuerdo alcanzado por Chile Vamos y el “no acuerdo nacional” de los partidos de oposición para inscribir candidaturas a primarias de alcaldes y gobernadores regionales. Elecciones que son totalmente territoriales y que representan avances en descentralización del país, pero que amparada en la legislación de partidos políticos, la decisión para alcanzar dichos acuerdos es totalmente nacional y centralista.
El lado B de la inscripción de candidatos (as) para las primarias de elecciones territoriales fue lo que sucedió en regiones, espacios que vivieron la expresión del centralismo que primó en los partidos políticos durante este proceso.
Por ley, los partidos políticos poseen la facultad que sus presidentes nacionales, o un representante legal delegado para tal efecto, pueden inscribir a sus respectivos candidatos y candidatas para competir en las 345 municipalidades y 16 gobiernos regionales. Lo anterior provocó efectos en regiones, especialmente entre los militantes de partidos y sus directivas regionales, quienes en muchos casos hicieron esfuerzos locales previos, para dialogar y llegar a los anhelados acuerdos. En otras regiones se replicó la dinámica nacional, es decir, conflictos y desacuerdos.
Por un lado, a última hora se bajó a candidatos a gobernador regional, previamente acordados en los respectivos bloques, para favorecer a otro candidato de un partido que puso ese territorio como condición para alcanzar un “equilibrio nacional” y se obligó a candidatos a alcaldes “subir” o transformarse en candidato a gobernador regional para competir en otra unidad territorial y liberar una comuna.
Por otra parte, muchos candidatos (as) se usaron como distractores por un par de días para provocar efectos sobre otras elecciones, candidatos u otros partidos, y tener “monedas de cambio” regionales para negociar nacionalmente. En otros territorios, el desacuerdo nacional rompió un acuerdo político territorial participativo, para enfrentar las próximas elecciones de alcalde y gobernador regional.
Cualquiera sea el caso, se impuso el centralismo de los partidos políticos, que es mucho más cruel y doloroso que el centralismo de las instituciones del Estado, reflejando a lo menos dos situaciones que es necesario corregir.
Lo primero que es necesario corregir, es que los acuerdos regionales de esos mismos partidos políticos tengan algún grado de incidencia significativa en la política nacional. La coherencia, dialogo y cohesión que muchas veces se encuentra a nivel territorial, de líderes que llegan mucho más fácil a acuerdos, no tiene ningún valor vinculante con la decisión final sobre los candidatos (as) que irán a primarias. Además de lesionar la posibilidad de construir política desde abajo, instrumentaliza y minimiza a los líderes regionales que están dispuestos a participar de la política, a pesar de ser una actividad altamente cuestionada y rechazada por parte importante de la ciudadanía.
Lo segundo que hay que corregir es el centralismo de las decisiones. Con el estilo actual, se deteriora sistemáticamente la imagen de la política, como expresión de alcanzar acuerdos transparentes frente a la ciudadanía. La centralización de los acuerdos también se agotó, es hora de mirar más hacia las regiones como órganos políticos, decisorios, desde donde se puede construir proyectos políticos de abajo hacia arriba. Es el lugar donde se percibe de manera más cercana la cotidianeidad de las demandas, y la construcción de poder con un carácter más horizontal, en definitiva, este espacio abre la posibilidad desde donde podemos hacernos cargo del espíritu democrático que demanda este nuevo Chile.
De triunfar el apruebo, este será un gran desafío en la discusión constitucional, es decir si los(as) constituyentes especialmente de regiones, serán capaces de avanzar en la descentralización del Estado. Pero por sobre todo, si estarán dispuestos a discutir sobre el origen político de las conductas centralistas de los líderes que administran el poder, que en mi concepto radica en parte importante en las prácticas de los partidos políticos y en los incentivos centralistas que produce la actual legislación electoral.
