Por Sergio Muñoz Riveros, analista político
La Convención Constitucional que elegiremos debería empezar a funcionar en junio por nueve meses, que pueden extenderse a 12. De este modo, sus resultados se conocerán entre marzo y junio del próximo año, y luego habrá que efectuar un plebiscito para que los ciudadanos aprueben o rechacen el proyecto de nueva Constitución que salga de la Convención. O sea, no estará promulgado un nuevo texto antes de que entren en funciones el Presidente de la República y los parlamentarios que elegiremos a fin de año, quienes asumirán lógicamente con los poderes que les reconoce la Constitución vigente.
Algunas personas bien inspiradas, a las que comprensiblemente les preocupa el futuro, tienden a ver la Convención como si fuera la última carta que puede jugar el país antes del naufragio. Un respetado exministro dijo que era el plan A para salir del hoyo, pero que no hay plan B. Incluso, no poca gente describe la Convención como una especie de bálsamo para todas las heridas, o un momento de purificación cívica gracias a que, supuestamente, no estarán los partidos. En realidad, estarán muy presentes. Son los progenitores del proceso, y sus cúpulas influirán decisivamente en lo que allí ocurra, para bien o para mal.
Los negociadores del acuerdo del 15 de noviembre de 2019, casi todos parlamentarios, no han explicado por qué, si estimaban imperioso el cambio constitucional para asegurar la paz, acordaron un camino que multiplicó los factores de inseguridad. El Congreso pudo haber propuesto un nuevo texto al país, y todo habría sido más breve, menos confuso y, ciertamente, menos oneroso para el Fisco. Sin embargo, optaron por crear algo que se ajustara a las conveniencias de los partidos, a los que se les abrió la oportunidad de designar candidatos para dos parlamentos.
Más vale observar con templanza el experimento de la Convención. Chile necesita mejorar su institucionalidad, pero lo contrario también es posible, sobre todo si sigue creciendo la deslealtad hacia los procedimientos democráticos. Ya hay quienes quieren burlar al quórum de los 2/3 por la vía de llevar los desacuerdos a plebiscito. Esa fórmula -un carnaval de consultas-, no está contemplada en la reforma constitucional que acotó los poderes de la Convención, pero los populistas podrían impulsar una suerte de “convencionalismo de facto”, con acciones de amedrentamiento en las calles, naturalmente.
Necesitamos que prime la sensatez en los tiempos que vienen. El país no puede deslizarse hacia algo parecido al doble poder o el vacío de poder. Las fuerzas definidamente democráticas deben ayudar a despejar la incertidumbre, pero eso exige coraje para defender la estabilidad y la gobernabilidad, ya sea que la Convención funcione razonablemente, ya sea que no lo haga. Se trata de sostener el estado de derecho en cualquier circunstancia. Es la primera obligación del gobierno, el Congreso y el Poder Judicial.
