Por Juan Sutil, presidente de la CPC, y Juan José Ugarte, presidente de la Corma
En medio de la difícil situación de pandemia que estamos viviendo, en el centro sur del país se han sucedido una serie de hechos violentos que, a pesar de ser temas de larga data, esto se ha visto agravado durante el estado de excepción. En lo que va de 2020, hemos sido testigos del mayor número de atentados a faenas forestales que se tenga registro. Esto afecta seriamente a las personas y ha causado mucho daño a pequeñas y medianas empresas, poniendo en peligro la integridad de sus trabajadores y provocando una sensación de temor y desprotección en la comunidad.
Utilizan armas de fuego para encañonar a las personas y destruir maquinaria; cortan caminos y destruyen antenas de telecomunicaciones para dejar totalmente aisladas a zonas rurales con miles de habitantes. Han incendiado faenas completas y utilizado coches bomba; y todo lo anterior lo hacen representando falazmente una supuesta causa que asumen legítima.
No nos equivoquemos. La violencia, que ha sido mal acuñada como “rural” o “mapuche”, no representa el sentir mayoritario de las comunidades; no aboga por los derechos de los pueblos originarios ni tampoco está orientada a conseguir un objetivo legítimo y justo. Lamentablemente, es sistemática, donde unos pocos infunden temor y terror en la población que se siente indefensa y abandonada, sin más posibilidades que ser testigos de la destrucción que infligen a sus vidas, cultivos, trabajo y viviendas.
La impotencia entre las víctimas es enorme. ¿Qué posibilidad tiene un afectado de acudir a la justicia, cuando sabe que por defenderse va a volver a ser víctima de atentados? Este círculo vicioso que involucra a todos los poderes del Estado es el que debemos superar eficazmente. Los delitos de base, como el robo de madera -que mueve millones de dólares al año y financia sus operaciones- y la usurpación de predios, en la práctica no tienen sanción, y quedan en la más absoluta impunidad.
Hay tres millones de personas entre Biobío y La Araucanía que ruegan a las autoridades que se detenga a los responsables y la justicia aplique las medidas correspondientes para poder vivir en paz y tranquilidad. La población necesita hoy una respuesta a sus necesidades y no pueden esperar un día más.
Como gremios comprometidos con el bienestar de las personas y trabajadores, tenemos que el poder del diálogo, junto a la búsqueda de soluciones para lograr acuerdos, son la mejor manera de lograr el bien común y la tranquilidad de tantas personas.
Hacemos un llamado urgente a buscar todos los mecanismos, acciones y medidas que sean necesarias para detener estos hechos. Nos ponemos a disposición para cualquier instancia que tenga al diálogo como herramienta y rechazaremos una y otra vez cualquier acto violento que busque conseguir objetivos a través de la intimidación. Terminar con el miedo debe ser un asunto prioritario.
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