Por Víctor I. Espinosa, académico Faro UDD
Las elecciones políticas suelen despertar pasiones entre los ciudadanos y “el plebiscito de salida” para aprobar o rechazar la propuesta de una nueva Constitución no es la excepción. Desde el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, del 15 de noviembre de 2019, las coaliciones políticas han buscado persuadir a sus “votantes probables” y “votantes indecisos”, tocando sus emociones, miedos y deseos más profundos. En un entorno propagandístico donde la razón (análisis técnico) ha sido sustituida por la emoción (politiquería y demagogia), quince millones de chilenos podrán votar en unas elecciones que pueden cambiar radicalmente el destino del país.
En The Myth of the Rational Voter (2007), el economista Bryan Caplan desafía la noción de que los votantes son personas razonables en las que la sociedad puede confiar para hacer leyes. Caplan argumenta que los votantes son irracionales en la esfera política y tienen ideas sistemáticamente sesgadas sobre la economía.
La racionalidad de la ignorancia explica que la mayoría de la gente vote basándose en juicios emocionales, tribales o viscerales, ya que el costo de estar bien informado es muy alto. Es muy probable que la mayoría de los votantes no leyeron la nueva Constitución propuesta o, si la leyeron, la falta de conocimiento en, al menos, derecho y economía, hace que los efectos teóricos y prácticos de los artículos e incisos pasen desapercibidos. En ausencia de unas “gafas teóricas”, la interpretación de la realidad jurídica y económica será inexorablemente miope.
El crecimiento económico (junto con un mayor empleo, productividad, salarios y condiciones de trabajo) requiere inversión, pero la inversión requiere ahorro, y el ahorro requiere un entorno institucional de derechos de propiedad privada seguros e igualdad legal. Ahora resulta impactante el reemplazo de la retórica por la realidad de algunas propuestas constitucionales. Primero, la propuesta aumenta los derechos sociales de 46 a 89 (¡Estados Unidos tiene 35, Alemania 48, Argentina 51 y Venezuela 82!), significando un 15% del PIB. Si actualmente el gasto público es 35% del PIB, la nueva Constitución aumentará el gasto al 50% del PIB (esto, sin considerar el aumento de la burocracia entre un 2% y un 5% adicional), financiado con mayores impuestos presentes y futuros (deuda pública). Subir los impuestos en un contexto de recesión (crecimiento económico nulo, quiebra de empresas y aumento del desempleo) agudizará la pobreza y la indigencia en Chile. Segundo, los derechos de propiedad privada estarán inseguros porque el gobierno podrá expropiar arbitrariamente pagando el “justo precio”, es decir, un precio fijado por los políticos (por debajo del precio de mercado o cero, como hizo Salvador Allende). Tercero, el pluralismo jurídico significa desigualdad jurídica. El Estado plurinacional reconocería que los pueblos indígenas puedan aplicar su propio derecho para resolver posibles conflictos. El conjunto de los tres efectos mencionados inhibe los incentivos para ahorrar e invertir, destruyendo cualquier posibilidad de crecimiento y desarrollo económico en Chile.
Revertir la racionalidad de la ignorancia implica cambiar las emociones por la razón. Significa dejar de lado la ideología y abrazar el pensamiento crítico y la investigación. Por ejemplo, la formación en los principios de economía y derecho en los colegios es fundamental para formar profesionales promotores del desarrollo económico. En este sentido, el progreso de Chile es responsabilidad de todos. Depende, por un lado, de los descubrimientos sociales y económicos realizados por los individuos intelectualmente mejor dotados y, por otro, de la capacidad de esos mismos u otros para hacer atractivas estas teorías a la mayoría.
