Recientemente fue publicada la Ley N° 21.255 sobre el Estatuto Antártico Chileno, iniciativa a la cual el Ministerio de Relaciones Exteriores se dedicó con especial atención durante más de un año, y que requirió generar grandes consensos en torno a una mirada común. Se trata de un Estatuto que avanza en la consolidación de nuestros derechos en forma pragmática, realista, pero decidida. Atrás quedaron miradas más universalistas, que visualizaban el statu quo como un logro a preservar en sí mismo.
Bajo un solo cuerpo legal -entroncado con el Tratado Antártico de 1959-, se ordenan un conjunto de normas dispersas que atañen a actividades que se realicen en la Antártica chilena (53°W - 90° W), destinadas a reforzar en la legislación chilena la indivisibilidad territorial y la continuidad geográfica de Chile hacia y desde el Polo Sur. Esta es la visión estratégica que subyace en el Estatuto y que guía al Estado y sus diferentes políticas públicas en la Antártica.
Políticamente, el Estatuto se asienta en la idea que la Antártica chilena es parte de una macroregión aún mayor, que incluye al territorio de Aysén, Magallanes, los espacios marítimos australes y la península antártica. Por lo mismo, constituye una pieza más de un puzzle geopolítico que reconoce a Chile como país antártico por excelencia y marítimo por vocación natural.
El nuevo Estatuto Antártico refuerza el tradicional liderazgo antártico de nuestro país en la defensa de nuestros derechos soberanos así como en la protección de los ecosistemas dependientes y asociados.
Menos de 850 kms separan a las Islas Diego Ramírez del Archipiélago de las Shetland del Sur. Una distancia incluso menor, apenas 380 kilómetros, separa al primero de esos grupos de islas del paralelo 60º, el umbral del área donde opera el Tratado Antártico. No existe en el planeta país más próximo a la Antártica, una cercanía que define y caracteriza geográfica, cultural y ambientalmente a Chile. La corriente circumpolar antártica se conecta con la Corriente de Humboldt, que baña nuestras costas e influye en nuestro clima, agricultura, distribución de la población en el territorio, etc.
La política exterior chilena ha dado un gran paso con el nuevo Estatuto Antártico. Lo que queda por delante es consolidar la conectividad terrestre desde Puerto Williams a Punta Arenas, avanzar en el reconocimiento internacional de toda la plataforma continental magallánico-antártica, unir digitalmente a Puerto Williams con nuestras bases en la Península Antártica, habilitar algunas de ellas como centros de investigación internacional, robustecer el papel científico en cuestiones que hacen al interés material del país, potenciar el diálogo político con Argentina y con otros países en torno al futuro de la Antártica, etc.
La Antártica posee para Chile una importancia dual de la máxima significación. Nuestro país ejerce su soberanía sobre ese territorio como parte de los espacios sujetos a la jurisdicción nacional y en calidad de actor relevante del régimen internacional del sistema antártico. Somos parte de este régimen porque entendemos que para enfrentar muchas de las amenazas que aquejan al sexto continente no son suficientes, por ahora, las facultades de sólo uno o de unos pocos Estados y, al mismo tiempo, porque él nos permite proteger de una manera mejor nuestros derechos soberanos antárticos. La articulación de estas dos miradas es uno de los ejes centrales del nuevo Estatuto .
En suma, el Estatuto Antártico es un paso estratégico para articular uno de los desafíos de mayor envergadura y proyección que tiene nuestra política por delante: actualizar su posicionamiento estratégico desde y hasta el propio Polo Sur.
