El origen de una crisis y sus consecuencias

SEÑOR DIRECTOR:

Por décadas, las Isapres no han podido controlar sus costos técnicos y han debido trasladar a precios las alzas, lo que les permitió estar financieramente sanos hasta el 2020. Sin embargo, esto provocó un descontento creciente en la población, incentivando así la judicialización del sistema por el aumento en los precios de los planes.

Por la pandemia, el Parlamento aprobó casi por unanimidad la Ley 21.350, que pretendía suspender por dos años los ajustes en los precios y trasladar a la Superintendencia de Salud la responsabilidad de definir el rango máximo del alza en los precios del plan base, evitando así la judicialización. En consecuencia, al suspender las alzas y el aumento de los costos por incremento de licencias médicas y prestaciones de salud, han provocado entre 2021 y junio 2022 una pérdida de $225.000 millones.

Panorama que se complicó aún más cuando en junio las Isapres aplicaron el reajuste del 7,6% fijado por la Superintendencia y cerca de 300 mil personas recurrieron a tribunales para rechazar el alza en los planes. Por su parte, la Corte Suprema dictaminó que la Ley 21.350 no se había aplicado correctamente y anuló el alza de precios a todos los afiliados, teniendo que devolver las Isapres los reajustes ya pagados y restituyendo contratos eventualmente caducados o cambiados de plan por no aceptación del reajuste.

Esto es grave. Como nunca, estamos ad portas de una crisis financiera sectorial que puede abarcar la quiebra de dos o más Isapres, que afectará gravemente a médicos, centros médicos, laboratorios y clínicas. Sin embargo, los más afectados serán los afiliados a las Isapres y los trabajadores sectoriales por baja en el empleo.

La responsabilidad es compartida: una industria con poca disposición a reformarse, un sistema político incapaz de asumir reformas profundas al sistema por más de 15 años y un sistema judicial que “innova” en un dictamen que no previó los efectos en la actual situación financiera de las Isapres.

El gobierno y la SIS deben hacerse cargo del problema y contribuir a la brevedad a su solución, definiendo las condiciones para que el reajuste de precios del 2022 se aplique en la forma en que la Corte Suprema lo ordenó.

Paradójicamente, la solución de esta crisis es clave para el éxito de una reforma sectorial necesaria para el país y que se empezará a discutir próximamente, pues será casi imposible avanzar en medio de una crisis de este calibre.

Héctor Sánchez

Director ejecutivo Instituto de Salud Pública UNAB