Por Hugo Herrera, profesor titular de la Facultad de Derecho UDP
La gran evaluación al gobierno, su primera prueba efectivamente importante, aquella por la que probablemente va a ser más recordado por los historiadores del futuro, el bautismo de fuego a su mandato, va a ser el plebiscito sobre la propuesta constitucional. Si ese día se aprueba una Constitución inclusiva, transversal, capaz de acoger a todos los grandes sectores políticos del país, entonces el Presidente Boric podrá decir que se dio, en su gobierno, el paso necesario hacia la conformación de un orden político apto para recomponer la legitimidad de la institucionalidad política. Entonces, a la renovación generacional que significó la entrada de él y su gente a La Moneda, va a haberse sumado la base jurídica y simbólica del orden de las décadas que vendrán. Si ese día, en cambio, se rechaza la propuesta de Constitución o si la propuesta no es auténticamente inclusiva, entonces no solo el gobierno, sino que el sistema político en su conjunto, quedará comprometido.
La Carta Política no puede ser un triunfo partisano, la mezquina victoria de un bando, el gusto momentáneo de una parte. La Constitución es el marco estable dentro del cual se han de dar lealmente las disputas durante décadas; el símbolo intangible de la unidad política del país. Sabiendo o atisbando el asunto, el Presidente ha dicho: “Mi llamado es a buscar la mayor transversalidad y amplitud posible para construir una Constitución que sea un punto de encuentro […] entre los chilenos y chilenas”. En el momento actual y ante la dinámica del proceso, esas palabras no son triviales. Pasa que hay a la izquierda y a la derecha grupos radicalizados, incapaces de poner el interés general sobre los intereses de bandos. Sean agregaciones de partidas identitarias, o sectores que quieren aprovecharse de un triunfo circunstancial, o, en fin, guardianes del viejo orden y sus espurios privilegios: esas fuerzas pueden operar, por cuenta propia o agregadamente, como el poder centrífugo suficiente para producir un fracaso político de consecuencias severas para el devenir de la República.
Ante esa amenaza, al Presidente le corresponde, por cierto, garantizar la autonomía de la Convención. Pero esa obligación de garantía no puede significar que se omita o renuncie a ejercer el liderazgo político que le concierne. Lo que hizo fracasar la presidencia de Piñera fue, precisamente, su negativa a ejercer el liderazgo simbólico y unitario que brindan los poderes de impulsión de la institución presidencial. El formidable invento de Portales es la única institución capaz de interpelar unipersonalmente a todo el pueblo y sus diversidades. Es el Presidente quien, en este momento de confusión y vociferación, tiene, como encarnación de la voluntad popular, la responsabilidad fundamental de participar, respetuosa, pero enérgicamente, en la última parte de la discusión constituyente.
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