SEÑOR DIRECTOR:

La reciente situación en Puente Alto, donde inspectores municipales fueron heridos por comerciantes ambulantes, deja en evidencia un problema cada vez más grave: cómo el comercio ilícito no solo ocupa el espacio público sin restricciones, sino que responde con violencia ante cualquier intento de fiscalización o amenaza a su territorio.

Y lo insólito es que no es el primer caso este año. Hace unas semanas se vio una situación idéntica en Viña del Mar, donde los ambulantes hirieron a siete inspectores. Antes de eso, cinco vendedoras fueron detenidas en Lota tras una riña. Los ejemplos sobran.

Hace más de un año, el gobierno anunció con fuerza la formulación de la primera Política Nacional contra el Comercio Ilícito, un esfuerzo impulsado por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo y trabajado por la Subsecretaría de Prevención del Delito. Sin embargo, tras un proceso participativo, el proyecto quedó en el olvido.

Hoy, los comerciantes ambulantes consideran las calles su patio trasero. Es urgente retomar esta iniciativa y dotarla de las herramientas necesarias para recuperar el orden y proteger a quienes cumplen la ley.

Carlos Gajardo

Abogado y exfiscal