Por Francisco Chahuán, senador de la República
Desde que la pandemia del Covid-19 se instaló en nuestro país, se dispusieron dos medidas especiales que se extendieron a lo largo de todo el territorio nacional. Primero, a través del decreto N°4, del Ministerio de Salud, el 5 de enero de 2020 se decretó Alerta Sanitaria por un año. Luego, mediante el decreto supremo N°104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se declaró Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por calamidad pública, previsto en el artículo 41 de la Constitución Política de la República, por 90 días. Se designaron las autoridades militares a cargo, en su calidad de Jefes de la Defensa Nacional, en cada una de las regiones.
Posteriormente, mediante decretos supremos se continuó extendiendo el plazo, debido a que los escenarios y circunstancias que motivaron su declaración inicial persistían.
A nivel científico y de expertos todavía están presentes los efectos epidemiológicos de una segunda ola de contagio; se avecina un retorno a clases en los colegios de manera paulatina, pero compleja; la actividad económica está relantizada, los índices de contagio no han desaparecido, existen muchos pacientes conectados a ventilador mecánico y las cifras de víctimas fatales siguen siendo preocupantes.
Entonces, ¿por qué no mantener vigente el estado de excepción constitucional? Es urgente contar con todas las herramientas necesarias para seguir enfrentando la pandemia y todas las situaciones anómalas que puedan ocurrir, haciéndose necesario generar un nuevo decreto que amplié la medida por otros 90 días.
El contexto sigue requiriendo que las Fuerzas Armadas jueguen un papel preponderante, así como las autoridades sanitarias, los gobiernos regionales y alcaldes.
Entre otras factores, mantener el estado de excepción permite seguir implementando las cuarentenas, cordones sanitarios y las restricciones a actividades que puedan aumentar los riesgos de contagio, por lo tanto es absolutamente imprescindible la medida, pues sustenta gran parte de la planificación sanitaria para enfrentar al virus, pues quedó demostrado que solo con el decreto de alerta sanitaria el objetivo no se cumplía.
Cumple un objetivo primordial en los temas preventivos y ha sido el pilar para el cumplimiento a cabalidad con el plan Paso a Paso, así como del exitoso proceso de vacunación, lo cual adicionalmente a las otras medidas adoptadas ha permitido mantener al menos a raya las cifras nacionales, regionales y comunales.
Por eso, resulta necesario preguntarse, ¿cuál es la razón para no mantener el estado de excepción constitucional en todo el territorio nacional, si realmente, a la luz del número de contagiados y fallecidos, el peligro aún no ha pasado?
Corresponde, en efecto, adoptar una actitud realista y responsable, sin desconocer que la peor pandemia del siglo sigue golpeándonos, pero reconociendo la satisfactoria inmunización de nuestra población. También cobra importancia la opción de adoptar medidas excepcionales que vayan en directa ayuda de las personas por parte del gobierno, en caso que se requieran. Así las cosas, el sentido común señala que aún no podemos cantar victoria, que aún pueden requerirse medidas de emergencia, y ellas solo encuentran sustento en decisiones políticas acertadas.
El proceso de vacunación nos hace ver la luz al final de este negro túnel, pero es importante avanzar a paso seguro, no equivocarnos cuando falta tan poco, y esa seguridad la otorga la excepcionalidad que permitirá adoptar decisiones urgentes y correctas. Por todo ello, es plenamente procedente prorrogar el estado de catástrofe, hasta que estemos ciertos que el coronavirus está derrotado.
