¿El plebiscito que no fue? La alternativa de un Congreso Constituyente

El comienzo de la temporada de campaña para el plebiscito está a la vuelta de la esquina. Siendo realistas, el escenario cierto es el siguiente: el 25 de agosto -fecha en la que se da inicio al período legal de campaña-, Chile continuará en Estado de Emergencia.

Con los datos que tenemos a la fecha, es evidente que el país está entrando en una fase crítica de la pandemia y que podría complicarse aún más con la llegada del invierno. Ante esto, es difícil que la situación sanitaria permita realizar el plebiscito en la fecha acordada, tras ser postergada la de abril.

Si se suspende por segunda vez, lo más probable es que sea desplazado para el 2021. ¿La dificultad? El próximo año tenemos un recargado calendario electoral: elecciones municipales y de gobernadores en abril, con balotaje para los segundos en mayo; primarias presidenciales y parlamentarias en julio; y finalmente para rematar con presidenciales, parlamentarias y de CORE en noviembre.

Con todo ello a la vista, es válido pensar en una alternativa más razonable: elegir un Congreso constituyente en noviembre de 2021. Si el sistema electoral para los constituyentes replica la fórmula proporcional moderada utilizada para elegir a los parlamentarios, no caben objeciones por el mecanismo de elección. Si a ello le sumamos que al regir el recién aprobado límite a la reelección no podrán postular a ese Congreso Constituyente muchos de los actuales legisladores, se incentivará la entrada de nuevos legisladores-constituyentes. Con la renovación sustantiva que se produciría, se mitigan los problemas asociados a que un Congreso con serios problemas de legitimidad sea quien redacte la nueva carta fundamental.

Esta propuesta permite matar varios pájaros de un tiro. Primero, permite redestinar cuantiosos recursos que conlleva organizar el plebiscito (no menos de 30 mil millones) y ahorrar las dietas de los convencionales para enfrentar la dura crisis económica y social. Segundo, evita los problemas de bloqueo mutuo e ingobernabilidad que podría conllevar el tener sesionando, prácticamente en paralelo, a diputados y senadores con una convención constitucional (y los costos también duplicados). Tercero, si el plebiscito se hiciera en octubre, el escenario más probable es que recién en julio de 2022 tengamos un plebiscito ratificatorio (de salida). De suspender el plebiscito de octubre, todos los plazos se corren, siendo posible que la incertidumbre constitucional recién se resuelva a fines de 2022 o incluso principios de 2023. ¿Quién cree que ello es razonable cuando el país esté intentando evitar una catástrofe social con un nuevo gobierno electo bajo la constitución vigente?

Raya para la suma, la alternativa de un Congreso Constituyente representa una salida razonable que permite que sean los ciudadanos quienes decidan, al mismo tiempo que se le da viabilidad y gobernabilidad al proceso, minimizando costos en medio de una pandemia que requiere focalizar esfuerzos y recursos.