Se viene el 17 de diciembre. Se necesitan ideas para el nuevo período que se abrirá. Asumo que ganará la opción “En contra”. No habrá nada que celebrar. Habrá que aplicarse más bien a recuperar el tiempo perdido luego de cuatro años, tres plebiscitos y dos elecciones de representantes.
En el mundo progresista, el cierre del proceso deja un sabor amargo. Se despilfarró en la Convención la oportunidad de producir un texto que reformara el sistema político y garantizara derechos sociales que cuentan con un amplio respaldo ciudadano. Se confundió la Constitución con el programa de un sector y el mismo error, solo que de signo inverso, cometió el Consejo Constitucional con el agravante de repetirlo por segunda vez.
El Acuerdo por La Paz Social y la Nueva Constitución del 15 de noviembre tenía una falla geológica. Asumía que una nueva Constitución era el instrumento a través del cual responder a las demandas sociales que habían conducido al estallido de octubre del 2019. Pero fue solo un acuerdo para iniciar un proceso constituyente. No se acompañó de un pacto que permitiera responder con celeridad a las urgencias sociales en materias tan relevantes como pensiones, salud y empleo.
El malestar de la ciudadanía con la clase política tiene un fundamento sólido. Objetivamente la situación de la mayoría no ha mejorado. Está igual o peor que en el período previo al estallido, agravada por los efectos de la pandemia y de la guerra desatada por la invasión de Rusia a Ucrania.
La política no puede continuar como en los últimos años. La guerrilla de acusaciones y descalificaciones le hace un daño profundo al país y al final de cuentas no beneficia a ningún sector político. No se trata de “buenismo” o de hacerse el ingenuo. Al gobierno le interesa naturalmente mejorar su desempeño. Pero a la oposición que aspira a ser gobierno no le conviene asumir en una tierra arrasada. Los acuerdos que permitieron el despacho de la Ley de Presupuestos para el 2024 muestran que estos son posibles. La agudización de la polarización y la falta de acuerdos profundiza una desesperación social que estimula el populismo y las respuestas autoritarias.
La suscripción de un acuerdo para enfrentar las principales urgencias sociales debiera ser la prioridad de gobierno y oposición a partir del 17 en la noche. Después de más de 10 años de desencuentros, un acuerdo en pensiones es prioritario. La crisis de las Isapres debiera tener una solución adecuada al igual que la absorción de las listas de espera en el sector público de salud. Hay que retomar los acuerdos para enfrentar la crisis de seguridad. Al mismo tiempo se requiere convenir un Pacto Fiscal que incentive el crecimiento y permita disponer de los recursos necesarios para financiar el mayor gasto social.
La política está muy al debe con la ciudadanía. Luego de una confrontación tan dramática como la del 5 de octubre de 1988 fue posible sentarse a una mesa a buscar acuerdos. Con mayor razón debiera ser posible hacerlo ahora. No volvamos a jugar con fuego. No estamos en un oasis.
Por Carlos Ominami, economista
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