El Presidente atrapado por el PC

En lo que parece ser una cadena de interminables tropiezos, esta semana terminó de ponerse en abierto riesgo otro de los objetivos que se había trazado el gobierno, cual era aspirar a una conmemoración reflexiva y ampliamente participativa respecto de los 50 años del golpe de Estado. Aun cuando fueron varias las voces que alertaron acerca de la inconveniencia de que el gobierno se involucrara directamente en esta tarea -pues es evidente que dentro de su coalición hay sectores extremos que solo buscan aquí una oportunidad para seguir polarizando a la sociedad- se insistió en ello, y de hecho fue el propio Mandatario quien se encargó de dar una serie de señales respecto del rumbo que buscaba imprimir a esta fecha.

Fue en ese orden de cosas que nombró al periodista y exconvencional Patricio Fernández como delegado presidencial para la conmemoración de los 50 años, un nombre que nunca terminó de convencer a la extrema izquierda. El propio Presidente se encargó de dar un paso audaz, al hacer un llamado a sus propias filas a analizar el periodo de la Unidad Popular “con más detalle y no solo desde lo mítico”, y de hecho recomendó la lectura del reciente libro del académico Daniel Mansuy, así como un texto de Joan Garcés, como forma de invitar a abrirse a distintas perspectivas.

Pero la renuncia esta semana de Fernández a su cargo de delegado presidencial, producto de las fuertes presiones de que fue objeto por parte del Partido Comunista y organizaciones de Derechos Humanos a raíz de unas declaraciones suyas que fueron tachadas de “negacionistas” por parte de estos grupos, ha terminado por transparentar las cosas, dejando en claro que la forma de “conmemorar” desde el gobierno está quedando fuertemente condicionada al guion que el PC y sus asociaciones satélites ya han determinado, la que por cierto es muy distinta a lo que aspiraba el Presidente, atendidas las señales que él había entregado.

A pesar de que estos cuestionamientos al ex delegado presidencial fueron rechazados por buena parte del Socialismo Democrático, y al hecho de que fue respaldado incluso por algunos ministros así como por el propio Mandatario -quienes desestimaron que los dichos de Fernández fueran “negacionistas”-, nada pudo impedir su salida, y de hecho el gobierno tomó la decisión de no reemplazar formalmente el cargo, sin perjuicio de que con la llegada de Manuel Guerrero al “segundo piso” se buscará que asuma algunas de esas funciones.

A partir de estos hechos, queda claro que la aspiración del gobierno de tener una conmemoración sin visiones hegemónicas y en la que pudiera caber una deliberación amplia y con sentido crítico ahora está seriamente comprometida. Las implicancias de esto van mucho más allá de que un plan gubernamental naufrague; subyace aquí una vez más la creciente dificultad que encuentra la sociedad para abordar en el espacio público materias de alta sensibilidad sin verse enfrentada al riesgo de la cancelación por parte de grupos que se sienten poseedores de la verdad o que defienden sus intereses propios, valiéndose para ello del mecanismo de la “funa”, de los escándalos mediáticos o ahora último del recurso del “negacionismo”. No se ha comprendido aún que cuando se renuncia a la diversidad y riqueza de puntos de vista variados, y se opta en cambio por la censura como forma de zanjar los debates, se afecta con ello la libertad de expresión y se renuncia de antemano al sano espíritu crítico, algo fundamental en cualquier sociedad que busca ampliar sus horizontes.

Esta indisimulada forma de censura y cancelación debe terminar, por el evidente daño que genera a la democracia -cuya esencia descansa en que se confronten libremente puntos de vista diversos- y porque ante todo debe defenderse el derecho que tiene la sociedad de poder emitir opiniones sin temor a sufrir represalias, alejándose de cualquier intento por fijar relatos oficiales. Los embates que forzaron la salida del exdelegado deberían resultar aleccionadores sobre los riesgos de permitir que este tipo de actitudes continúen proliferando sin contención.

Frente a los sucesos que precipitaron la crisis del 11 de septiembre de 1973, es claro que en la sociedad chilena no hay una sola forma de mirar los hechos, lo que no es incompatible con repudiar las violaciones a los derechos humanos que luego sobrevendrían. Una adecuada conmemoración de esta fecha, antes que buscar reafirmar solo las propias visiones, debería ser una oportunidad para dejarse interpelar por otros puntos de vista y extraer lecciones sobre todo para las nuevas generaciones, especialmente en cuanto a la importancia de cuidar la democracia y sus instituciones, junto con atesorar la defensa de los derechos humanos y honrar la memoria de las víctimas.

Por eso llama tanto la atención que habiendo sido este el objetivo que de algún modo buscaba el Presidente, haya sin embargo claudicado con tanta facilidad apenas el PC y grupos afines impugnaron la estrategia que se había decidido seguir, sin hacer aparentemente ningún esfuerzo por mantener a Fernández en su cargo, pese a considerar que el funcionario había actuado correctamente. Con esto se ha sentado un precedente muy complejo, pues además de validar una abierta forma de censura y mostrar una débil defensa de convicciones, se está revelando que en realidad quien parece estar mandando en La Moneda es el PC, toda vez que logró doblarle la mano al Mandatario y nadie de la coalición levantó su voz para impugnar este veto.

El Presidente debería tomar conciencia de lo inconveniente que resulta para él y su gobierno quedar atrapado en la lógica que tanto acomoda al mundo comunista, y por lo mismo debería buscar enmendar el rumbo, porque la conmemoración de los hechos acaecidos hace cincuenta años finalmente pertenece a todos los chilenos, y no solo a un sector de la sociedad.