Por Juan Carlos Said, master en Salud Pública; médico internista
Supongamos que usted ha decidido ser candidato(a) a la Presidencia, y estando a la izquierda o a la derecha del espectro político cree que las personas -en su accionar libre- son el motor de la sociedad, pero que para que esta libertad resulte en mayor prosperidad para todos, se requiere un acceso igualitario a derechos humanos fundamentales, como la salud.
No hay que ser experto para saber que esa no es la realidad de Chile. La diferencia de expectativa de vida entre alguien de una comuna de altos ingresos y una de bajos ingresos en la Región Metropolitana es de 18 años. Esta diferencia se da fundamentalmente por factores que no dependen del control de cada persona y que se relacionan con el lugar donde nació: polución del aire, acceso a alimentos saludables, consumo de drogas y alcohol, y oportunidad de atención en salud.
Bueno, señor(a) candidato(a), esta diferencia extrema en sobrevida, determinada simplemente por la cuna, es incompatible con el anhelo país de que cada quien pueda desarrollar la vida que desee con base a su propio esfuerzo y decisiones. La libertad se da en un contexto, y para muchas personas, esa libertad, es solo una ficción, una idea hipotética que no es real en la práctica; casi todo lo que pueden elegir, daña su salud. Hay, entonces, que modificar ese contexto.
Acá le dejo algunas ideas fundamentales que debería incluir en su programa en salud, si realmente quiere cambiar las cosas. En primer lugar, lo más importante: Chile vive una epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles: obesidad, hipertensión, tabaquismo y alcohol son los cuatro jinetes del apocalipsis que más chilenos matan por año. Desgraciadamente, toda la evidencia científica apunta a que estas enfermedades poco tienen que ver con las decisiones de las personas y mucho con un entorno que las promueve. Actuar sobre estos factores requiere entonces avanzar en impuesto saludables al sodio y el alcohol, y mejorar el etiquetado de alimentos (que hoy no incluye a los restaurantes de comida rápida) y bebidas alcohólicas (no tienen etiqueta advirtiendo riesgos). Del mismo modo, sin ningún costo para el Estado, es posible modernizar nuestra Ley de Tabaco, estableciendo cajetillas genéricas y venta de éstas bajo el mesón (sin vista a público). Una medida tan simple, y que se aplica en muchos países del grupo que miramos como modelo a seguir, podría permitir que en el mediano plazo pasemos de ser el país con más fumadores de Latinoamérica (34%) a tener cifras como las de Australia (11%), salvando miles de vidas. Hoy el tabaco mata en dos años casi el mismo número de personas que ha matado el coronavirus desde que se inició la pandemia.
¿Qué viene después?: la polución ambiental y domiciliaria. Aún en Santiago, la principal causa de polución sigue siendo la leña, y donde no es la leña, es el diésel. Es necesario ampliar el programa de recambio de calefactores, reducir el costo de fuentes limpias (como electricidad) y hacer que todas las ciudades de Chile estén libres de leña domiciliaria. Aumentar el impuesto al diésel, en tanto, es casi una obligación moral. Siendo el combustible usado en vehículos que más partículas cancerígenas PM2.5 produce, no resiste análisis que al mismo tiempo sea el más barato, considerando que la polución del aire ambiental mata 6.000 chilenos todos los años.
Finalmente, la madre de todas las batallas: nuestro sistema de financiamiento en salud no funciona, y es estudiado como un caso de fracaso en las escuelas de salud pública a nivel global. La “competencia” entre seguros estatales y privados nunca es competencia, sino más bien un “descreme”, que es lo que sucede en Chile. Los aseguradores privados no compiten con Fonasa por prestar mejores servicios, si no que seleccionan pacientes de elevados ingresos y pocas enfermedades, y le dejan al seguro estatal los más enfermos y pobres, perpetuando déficits crónicos de financiamiento. En las (honestas, hay que reconocer) palabras del ex presidente de la Asociación de Isapres: “No puede, el sistema Isapre, darse el lujo de recibir gente enferma”.
Sin embargo Chile, casi por inercia, se está convirtiendo a un seguro único: un sistema donde un asegurador (Fonasa) paga por prestaciones en el sector público o privado. El número de afiliados a Fonasa crece año a año (hoy es el 82% y ha crecido 1% por año en los últimos 10 años). Todo hace pensar que esta tendencia se incrementará por la mayor cesantía e incertidumbre económica, encarecimiento de planes de Isapres y mejora en coberturas por Fonasa. Lo que cabe decidir no es si queremos o no un seguro único, si no si queremos que a este seguro se llegue por “default” (es decir, porque las Isapres pierdan afiliados y algunas quiebren), o si queremos hacer las cosas bien y modernizar Fonasa, permitiendo que lleguemos a un seguro único realmente eficiente de forma planificada, equivalente al de países desarrollados como Corea del Sur, Australia o Canadá.
Un seguro único, impuestos a los “no saludables”, legislación antitabaco. Las oportunidades de “nivelar la cancha” en salud son muchas, pero el lobby es más fuerte. Esperemos entonces que cualquiera que sea ese candidato a Presidente o Presidenta se saque la camiseta del lobby o del financista de campaña, y entre a la cancha con la camiseta de los pacientes.
