El próximo estallido

Mientras la década termina con un camino claro para definir el futuro de nuestra Constitución y el gobierno erráticamente tratando de contener la violencia y responder a las demandas, surge un nuevo conflicto, silencioso y doloroso que puede estallar en cualquier momento: la crisis de acceso a la vivienda.

Si bien las políticas de vivienda de los últimos 40 años han sido exitosas en lo cuantitativo, permitiendo que cerca de 2 millones de familias dejen atrás los campamentos y accedan a una vivienda, la mayoría de estas son de mala calidad y localizadas lejos de las oportunidades que ofrecen los centros urbanos, segregando a miles de personas del acceso a trabajos y servicios dignos. Según la CChC el déficit habitacional llegó hoy a 739.603 unidades afectando a 2,2 millones de personas. De ese total, 58% corresponde a carencias vinculadas al allegamiento y 42% a la necesidad de reemplazar unidades deterioradas.

Este problema se ve exacerbado por la falta de oferta de vivienda de bajo costo en zonas centrales, donde los valores de suelo para edificar en altura se han disparado por restricciones normativas en planos reguladores o la especulación de los llamados guetos verticales que terminan con departamentos de 40 m2 avaluados por sobre las 2.000 UF. Esta distancia entre la oferta de vivienda básica en la periferia y los altos valores de compra o arriendo en zonas centrales quedó de manifiesto en uno de los carteles más dramáticos de las últimas marchas: "Muy pobre para el banco, muy rica para el Serviu".

En paralelo con este terremoto de la clase media, surge con fuerza otro tsunami que no alertamos tempranamente: los campamentos. Desde el 2007 aumentaron de 533 a más de 800, y el número de familias viviendo en ellos de 28.578 a más de 48.000 este año. Según Techo, desde 2011 el número de familias en campamento ha aumentado en un 70%.

Antiguamente los campamentos acogían a las familias marginales, hoy, según el Minvu la mayoría de las familias que llegan son jóvenes, entre 30-40 años, con pocos niños, muchos cuentan con título técnico-profesional y un tercio son inmigrantes. Lo más grave: un 60% de ellas llega porque no les alcanza para el ¡arriendo! Arriendos que eran precarios, como allegados y sin las mínimas garantías o protección ante abusos o especulación.

Para revertir esta nueva bomba de tiempo es clave dar sentido de urgencia a soluciones para erradicar los campamentos y desplegar una oferta de vivienda accesible en zonas centrales. Avanzar con urgencia en las correcciones al Proyecto de Ley de Integración Urbana, generar un banco integrado de suelos públicos urbanos en áreas centrales y desarrollar en ellos proyectos de vivienda de integración, fortalecer las capacidades del Estado para hacer gestión inmobiliaria e invitar a los privados a concesionar edificios públicos para la vivienda en arriendo. La única manera de evitar este estallido es echando mano a todos los mecanismos legales, legítimos y necesarios para que los nuevos chilenos puedan vivir de manera digna.