El que pone la plata

Por Rolf Lüders, economista

Las movilizaciones sociales y las elecciones de los últimos dos años han dejado en claro que en Chile -tal como en buena parte del mundo occidental- la ciudadanía desea un cambio en el modelo de desarrollo predominante, sujeto a que -en libertad- genere más justicia y un mayor bienestar. En el país se ha resaltado el rol central que debieran jugar con tal objetivo las reformas a los programas sociales, sobre todo en materia de educación, salud, pensiones y vivienda. Y, en particular, se ha propuesto terminar con la supuesta mercantilización de esos servicios, estatizándolos.

Comparto plenamente el objetivo prioritario de seguir avanzando en la provisión de servicios sociales de calidad para la ciudadanía, de modo de ir igualando oportunidades y aumentando simultáneamente los ingresos potenciales. No obstante, volver a la oferta directa, mayoritariamente estatal y semimonopólica, de los servicios antes aludidos, coartaría la libertad y significaría -en materia de calidad y cobertura- tropezar dos veces con la misma piedra. Por motivos que explican muy bien la Teoría de las Decisiones Públicas y aquella del Principal-Agente, el Estado tiende a ser un mal administrador, tal como Ud. seguramente lo experimenta a diario. Sin embargo, ese mismo Estado -con todos sus defectos- es insustituible en su rol de diseñador e implementador de las políticas públicas necesarias para alcanzar el bien común.

¿Están privatizados los servicios sociales en Chile? La respuesta correcta es un rotundo no. Lo que tenemos -excepto para proporciones minoritarias de cada uno de los servicios arriba mencionados- es la externalización de esos servicios por parte del Estado, que no es lo mismo que la privatización de los mismos. En Chile el Estado define los servicios sociales ofrecidos, tal como el rol de los potenciales oferentes, y luego le financia, directa o indirectamente, a la mayor parte de la población la provisión de esos servicios mediante imposiciones y/o recursos presupuestarios. La externalización le permite entonces al Estado manejar el proceso, introduciendo competencia en la oferta material del servicio que desea. Además, y a menudo, los demandantes de los servicios sociales tienen la posibilidad de escoger entre diversos oferentes y/o servicios.

Es decir, en principio, el esquema de externalización puede generar en forma eficiente y con los grados de libertad posibles, la oferta de servicios sociales que el Estado estime es necesaria para alcanzar el bien común. Como siempre sucede, el que pone la plata puede poner la música, y no es conveniente ni necesario que la actual oferta de educación, de las pensiones, de la salud y de la vivienda social -imperfecta- se estaticen para alcanzar los objetivos que sobre la materia se estimen socialmente deseables.