El regreso de los “overoles blancos”

Esta semana volvieron a aparecer los “overoles blancos”, vestimenta que el 2014 hizo su aparición en la caracterización de quienes participaban de hechos violentos como ataques directos a fuerzas policiales o acciones de vandalismo en el contexto de tomas de instituciones educacionales. En esta oportunidad, dos buses del transporte público fueron quemados en el centro de Santiago por un grupo que vestía estos atuendos, siendo detenido un menor de edad, alumno del Liceo de Aplicación, por su participación en uno de los hechos. Carabineros, por su parte, fue objeto de ataques con bombas molotov lanzadas por sujetos que se escabulleron hacia el Instituto Nacional.

Lo ocurrido se suma a lo sucedido en las afueras de mismo Instituto en las semanas anteriores, donde resultó atacado con elementos incendiarios un vehículo policial; por las mismas fechas fue quemado un bus en las afueras del Liceo Barros Borgoño, dando cuenta de que hechos de este tipo se van agravando y que finalmente no guardan ninguna relación con demandas educacionales. Son actuaciones que obedecen a mero vandalismo, donde ciertas causas son cooptadas por elementos radicales y cuya actividad se nutre de años de pasividad de las autoridades frente a estos hechos. La condescendencia de numerosos actores políticos -algunos de los cuales ocupan hoy cargos de responsabilidad en el Estado- con que se justificó la violencia presente en movilizaciones estudiantiles fue un acto irresponsable que inhibió la adopción de medidas para terminar con este flagelo, cuyo resultado es que las autoridades hoy se ven sobrepasadas por la violencia.

Es acertado que la autoridad comunal de Santiago condene la violencia y señale que se hará parte de la denuncia por los hechos ocurridos como asimismo que reconozca que lo sucedido difiere de las legítimas demandas estudiantiles, y que profundice todas las instancias de diálogo para ver cómo estas son resueltas. Sin embargo, se hace necesario establecer definiciones más claras respecto de la violencia; en particular, el compromiso de desestimar en forma definitiva que las vías de hecho puedan ser una forma legítima en democracia de presionar a la autoridad para la consecución de determinados objetivos. Asimismo, resultaría totalmente contradictorio que se continuara estigmatizando como “represivo” cualquier intento por sancionar a quienes resulten responsables por hechos tan graves como los que se han visto estas semanas.

Aun cuando el actual gobierno lleva poco tiempo, resulta evidente que era equivocada la creencia de que la sola instalación de una nueva administración, con un perfil diferente a la anterior, bastaría para disminuir la tensión que reflejan estos hechos; de allí que la adopción de medidas que pongan coto a ello resulta ineludible. En juego no solo está el legítimo ejercicio del derecho a la educación por parte de los estudiantes, sino la seguridad de las comunidades educacionales que se ve amenazada, y una educación pública cuyo fortalecimiento se ve cada vez más lejano.