El rol clave de los expertos en el proceso constitucional

Esta semana se publicó en el Diario Oficial la reforma constitucional que habilita el nuevo proceso constituyente -fruto del “Acuerdo por Chile”, suscrito por la mayor parte de las fuerzas políticas-, con lo cual se da el puntapié para poner en marcha un itinerario que culminará el 17 de diciembre, cuando tenga lugar el plebiscito ratificatorio.

La forma en la que fue diseñado este proceso contiene aspectos inéditos, pues una combinación de expertos designados por el Congreso y consejeros electos por la ciudadanía tendrá la misión de elaborar el texto constitucional que se le propondrá al país, el cual desde ya deberá contener 12 principios o bases que fueron acordados por la mayor parte de los partidos con representación parlamentaria -un arco que va desde la UDI hasta el PC-, ello como una forma de evitar volver a caer en los afanes refundacionales o maximalismos, algo que en definitiva provocó el estrepitoso fracaso del anterior proceso constituyente.

Los expertos jugarán esta vez un rol fundamental, a través de dos instancias decisivas: un Comité Técnico de Admisibilidad -compuesto por catorce  juristas-, encargado de velar por que las bases institucionales se respeten fielmente, en tanto que una Comisión Experta -integrada por 24 personas- no solo será la encargada de elaborar el anteproyecto constitucional, sino que sus integrantes se incorporarán con derecho a voz al Consejo Constitucional, y también podrá formular observaciones a la propuesta del  Consejo con el fin de mejorarla. Mediante estas instancias expertas se busca que la propuesta que se haga al país goce de inobjetable solvencia técnica y se enmarque en nuestra mejor tradición constitucional, algo de lo que sin duda careció la propuesta de la extinta Convención Constitucional.

Esta nueva oportunidad que se ha abierto no puede ser defraudada, y una primera prueba de que se ha comprendido cabalmente lo que está en juego la veremos en los días que siguen, cuando el Congreso dé a conocer la nómina de quienes integrarán la comisión de expertos, así como los juristas que velarán por el cumplimiento de las bases institucionales. Si la ciudadanía percibe que las razones para su designación son meras afinidades políticas o funcionalidad a los intereses partidarios, la clase política habrá incumplido con lo que prometió ofrecer al país -un proceso que esta vez descanse sobre bases mucho más técnicas-, abriendo con ello la posibilidad de un nuevo fracaso, lo que sería de una irresponsabilidad incalificable. El expresidente Ricardo Lagos, en entrevista con este medio, acertadamente advertía que “si los expertos no están a la altura, estaremos en problemas. Eso es lo que me tiene más preocupado hoy. Yo espero que elijan a los mejores para que no haya cuestionamientos. La opinión pública, los medios de comunicación van a estar atentos. Y algunos piensan que pueden nombrar a su jefe de gabinete. ¡Eso no puede ser!”.

Pese a que la Comisión Experta tendrá el rol crucial de elaborar un anteproyecto y ser contraparte de los consejeros a lo largo de todo el proceso, resulta desde luego un contrasentido que el diseño elaborado por el Congreso y los partidos estableciera requisitos muy generales para calificar en dicha comisión. Solo se exigirá un título o grado académico de, a lo menos, ocho semestres de duración, y habrá de acreditarse una experiencia profesional, técnica o académica no inferior a diez años.

Estos criterios tan genéricos -en el caso del Comité Técnico de Admisibilidad son más estrictos- revisten un riesgo objetivo, porque dejan abierta la puerta para que se designe a personas que, sin perjuicio de sus trayectorias profesionales, no necesariamente respondan al tipo de perfil técnico que se requiere sobre todo para la elaboración de un anteproyecto constitucional. Aquí no cabe perder la perspectiva de que resulta fundamental que esto quede en manos de expertos con probada versación en el ámbito jurídico, pero que además tengan la suficiente apertura para dialogar y sean conscientes de no repetir los errores del proceso anterior. Los aportes de otras disciplinas son ciertamente indispensables en un proceso constituyente, pero éstas podrán estar mejor recogidas en el Consejo que elija la ciudadanía o en los aportes que la sociedad civil haga durante el proceso.

En esta segunda oportunidad, el tiempo del que se dispondrá para redactar una nueva Constitución será muy estrecho y la paciencia ciudadana ya está colmada, por lo que los partidos deben ser conscientes de que no hay margen para el error.