El rol público de las universidades

Uno de los temas en que previsiblemente la propuesta de nueva Constitución generará más divisiones que acuerdos son los principios sobre los cuales pretende estructurar el sistema de educación. Aun cuando la propuesta reconoce la libertad de enseñanza en términos amplios, su articulado en general apunta hacia una concepción donde la educación quedará fuertemente condicionada al Estado, no siendo claro si el actual ecosistema educacional, en el que conviven establecimientos del Estado, privados y de financiamiento mixto, seguirá contando con igual soporte constitucional.

Es evidente que no habrá una verdadera libertad de enseñanza si acaso el Estado no asegura que puedan convivir diversos proyectos educativos, y las familias tengan la opción de elegir conforme sus preferencias. En la propuesta dicho derecho se reconoce, pero la forma en que se estructura el Sistema de Educación Pública contiene un evidente sesgo en favor de lo estatal, al establecer que “el Estado deberá articular, gestionar y financiar un Sistema de Educación Pública, de carácter laico y gratuito, compuesto por establecimientos e instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativas”, agregando que “el Estado deberá financiar este Sistema de forma permanente, directa, pertinente y suficiente, a través de aportes basales”.

No se observa en este articulado un reconocimiento explícito a la labor que prestan instituciones educativas que no pertenecen al Estado -tampoco resulta claro si los aportes basales a los que se alude se extenderán sin trabas a entidades no estatales-, lo que resulta especialmente preocupante cuando al momento de definir los principios constitucionales se advierte que subyace una clara identificación de lo público con lo estatal, una distorsión que por lo demás ha cruzado largamente el debate educacional en el país.

La noción de que solo el Estado es quien está en mejor pie para asegurar una educación que provea a la sociedad de un bien público -esto es, sin sesgos, discriminación y de calidad- es antojadiza y por cierto muy dañina para efectos de lograr los fines que se buscan alcanzar en la nueva Constitución. Es complejo, por lo mismo, que visiones así sean sustentadas por quienes ostentan altos cargos en instituciones del Estado, como es el caso del saliente rector de la Universidad de Chile, quien -en entrevista con este medio- al defender su postura en favor de una educación pública robusta señaló que “cuando uno dice que ‘somos todos públicos, no hay nada público’”. Conforme sus definiciones, “la universidad pública se entiende como una que no solo depende de ningún privado, sino que interactúa proactivamente con el resto del aparato público”. Asimismo, deslizó críticas a los cuestionamientos que han hecho rectores de planteles no estatales reunidos en el G9 respecto del trato que la nueva Constitución tiene hacia dicho sector, lo que a su juicio podría llevar a “defender la ideología impuesta por la dictadura”.

Sus afirmaciones resultan desde luego discutibles, cuando la propia Universidad de Chile ha sido objeto de extensas tomas -con petitorios que exceden lo propiamente estudiantil- y cooptaciones por parte de grupos ideologizados, lo que desmiente que las entidades estatales aseguren que su quehacer estará libre de presiones y solo orientado a generar bienes públicos. Lo que cabría esperar es que existiera una fuerte defensa desde la principal universidad del Estado para que con cargo a recursos públicos se financien y promuevan sin discriminación todos aquellos proyectos educativos que apunten a brindar educación de excelencia e investigación de calidad, esto es, auténticos bienes públicos, porque de lo contrario se perjudica a la sociedad. Ello se confirma cuando la mayoría de las mejores universidades del país -conforme mediciones internacionales- son no estatales.