Por Iván Poduje, arquitecto.

“Conectar por el aire Sanhattan y la Ciudad Empresarial, para salvar los tacos de la superficie”. Esa fue la visión que tuvieron los abogados Clemente Pérez y Martín Santa María al proponer un teleférico de transporte público hace 11 años. Tomaron la idea de Medellín, donde existen tres líneas que llegan a los cerros más pobres donde se incubó el drama del narcotráfico y el sicariato.

El mecanismo usado para desarrollar el teleférico fue la iniciativa privada de concesión, que ha sido promovida por el Presidente Milei para frenar el gasto y evitar la corrupción de la obra pública argentina. Este modelo “a la chilena” permite que un privado proponga al Estado una idea innovadora para ser financiada mediante tarifas. Así se hizo la autopista Acceso Nor Oriente, que conecta Vitacura con Chicureo, y bajo la misma modalidad se está construyendo una extensión de la Costanera Norte hacia Maipú.

Pérez y Santa María tenían la idea pero no la plata para los estudios que exige el MOP, lo que termina matando muchas iniciativas privadas. Pero en el teleférico hubo empresarios que creyeron en la idea y los apoyaron, como Jorge Labra, el promotor de la Ciudad Empresarial. En ese momento me tocó entrar junto al equipo de Atisba. El consorcio creado por Pérez, Santa María y los empresarios, nos contrató para evaluar las alternativas de trazado del teleférico y el diseño preliminar de sus estaciones.

El primer desafío fue conectar Huechuraba y Providencia pasando sobre el cerro San Cristóbal, para llegar a metros del Costanera Center. Esto generó un conflicto mayor con la municipalidad de Providencia, liderada por Josefa Errázuriz, que estimó que el teleférico agravaría el problema de tráfico. Este escollo pudo salvarse gracias al apoyo del ex alcalde de Huechuraba Carlos Cuadrado, que defendió el teleférico como un proyecto de ciudad, que apoyaba la integración de su comuna.

Providencia flexibilizó su posición y se logró consensuar un sitio para la estación. Entonces vino el segundo problema que ha hundido muchos proyectos que pretenden innovar en tecnologías de transporte: la obsoleta metodología para evaluar socialmente estas iniciativas, que siempre termina privilegiando a los buses y a las empresas que los construyen y los operan. Por eso no tenemos tranvías o trenes livianos en Chile. Y por la misma razón se han caído otros teleféricos como el propuesto para conectar Iquique con Alto Hospicio.

Mientras el proyecto era atacado por estos talibanes de las micros, aparecieron otros que se oponen a las concesiones por razones ideológicas, y que son los mismos que frenaron las cárceles y los hospitales. Esta discusión retrasó el proceso en casi cuatro años y solo gracias a la gestión de los ex ministros Juan Andrés Fontaine y Alberto Undurraga, el teleférico Bicentenario logró ser adjudicado en 2018. Pero faltarían otros seis años para que las obras se iniciaran. Los cambios de gobierno agregaron mas pelos a la sopa, y el teleférico comenzó a sufrir la tortura de la permisología. En esta fase también hay empresas que desertan, ya que no pueden seguir pagando los millonarios estudios que solicitan decenas de servicios que operan sin coordinación ni liderazgo,

Pero los promotores del teleférico lograron salvar estos escollos. En 2024 se iniciaron las obras y si todo sale bien, en tres años más -casi 14 después de la idea de Pérez y Santa María- sus cabinas estarán flotando por el aire moviendo unas 6 mil personas por hora.

Pero el teleférico no será solamente un proyecto de transporte. Se transformará en un icono de Santiago. Una forma de viajar completamente distinta a la que conocemos. Una inyección de modernidad y también un respiro entre tanto pesimismo y mala onda. Es el potencial que tienen los grandes proyectos y por eso necesitamos que el próximo gobierno pueda concretar iniciativas similares, hoy hundidas por metodologías obsoletas y una permisología que ahoga cualquier espíritu de emprendimiento y compromiso con Chile.