El tiempo para discursos se acabó

SEÑOR DIRECTOR:

Chile ha alcanzado su peor posición histórica en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional. En una década, hemos caído 10 puntos y, a mi juicio, hoy nos enfrentamos a una realidad muy incómoda: nuestro retroceso en materia de integridad no es una percepción, es un hecho.

Esta caída es una señal clara de que los mecanismos de control y prevención están fallando; nos aleja de los países con instituciones sólidas y nos acerca a realidades donde la corrupción se instala como parte del sistema, afectando la inversión, el desarrollo y la cohesión social.

Este descenso no responde a un escándalo puntual, sino a un desgaste progresivo de las instituciones, a la falta de consecuencias efectivas para quienes abusan del poder y a una ciudadanía más desconfiada y con un escrutinio cada vez más exigente. La corrupción no es un fenómeno aislado, sino un problema estructural que erosiona la confianza y debilita peligrosamente la democracia.

Por años, la respuesta ha sido crear más regulaciones, pero el problema no está solo en las normas, sino en la cultura de cumplimiento. Hemos puesto demasiado énfasis en el castigo cuando la clave está en la prevención. No se trata solo de perseguir a los culpables cuando el daño ya está hecho, sino de evitar que la corrupción ocurra. La integridad no se impone por decreto, se cultiva con liderazgos públicos y privados que actúen con convicción, con controles que funcionen de verdad y con un Estado que garantice instituciones sólidas, independientes y transparentes.

Si queremos revertir esta tendencia, es fundamental fortalecer la transparencia en la toma de decisiones, asegurando que los mecanismos de control sean efectivos y no meras formalidades. También es imprescindible garantizar la independencia de los organismos de fiscalización. Sin autonomía real, cualquier esfuerzo será insuficiente. A esto debe sumarse un cambio cultural profundo, donde la integridad sea vista como un pilar del desarrollo, y no como una carga burocrática.

Además, es urgente avanzar en la agenda legislativa que ya está en marcha, pero con una mirada sistémica. Proyectos como la actualización de la Ley de Lobby y la Ley de Transparencia 2.0 deben ser herramientas reales para la rendición de cuentas y no solo nuevas capas de burocracia sin impacto real.

La integridad no es un lujo ni una formalidad. El buen gobierno corporativo no es solo una estrategia de reputación, sino de sostenibilidad. Lo mismo aplica al sector público: sin transparencia ni accountability real, el desarrollo económico y social se verá comprometido.

Este no es solo un problema del sector público ni solo del sector privado; es un desafío país. Revertir esta tendencia requiere que cada actor asuma su responsabilidad, sin excusas ni dilaciones. El tiempo para discursos se acabó. Chile necesita acción, y la necesita ahora.

Tamara Agnic

Socia de Eticolabora y expresidenta de Chile Trasparente