La reciente liberación de un presunto sicario del “Rey de Meiggs”, vinculado al Tren de Aragua, ha conmocionado al país. No solo por la gravedad del hecho en sí, sino por la cadena de “errores” —y horrores— que lo rodean, todos bajo investigación del Ministerio Público. Las múltiples “equivocaciones” permiten, con justa razón, pensar lo peor.

Sin embargo, el problema más profundo no es solo la inexplicable excarcelación de Alberto Carlos Mejías. Lo complejo es el trasfondo: la consolidación del Tren de Aragua en Chile, y lo poco que se ha reflexionado públicamente sobre la amenaza real que esta organización representa.

A comienzos de este año, Estados Unidos designó al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera por representar “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional”. Hoy comparte lista con grupos como Hezbolá y Al Qaeda. Su origen es elocuente: nació y se fortaleció en la cárcel de Tocorón, en Venezuela, y desde allí expandió su influencia criminal por Latinoamérica, incluyendo a Chile.

Su líder, Héctor “Niño” Guerrero, es buscado internacionalmente. EE.UU. ofrece 5 millones de dólares por información que permita su captura. El Tren de Aragua está operando en Chile. Regiones como Arica, Tarapacá, Metropolitana, Valparaíso, Biobío, La Araucanía y Los Lagos han reportado su presencia. Su estructura descentralizada y su capacidad de adaptación dificultan aún más la respuesta estatal.

El Tren de Aragua no es solo una organización criminal. Es una red que usa el terror como herramienta operativa. En Chile, el caso más emblemático ha sido el secuestro, tortura y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, refugiado político. Según la Fiscalía, el crimen habría sido ordenado por el gobierno venezolano a través de la banda. También están el frustrado plan para atacar con explosivos dos tribunales y una cárcel en Arica, y los asesinatos de dos testigos protegidos en causas contra la organización, en Concepción.

A esto se suma un catálogo criminal amplio: homicidios, tráfico de drogas, secuestros, extorsión, trata de personas y lavado de dinero. Se trata de una red con múltiples especialidades y una logística transnacional consolidada. No es una banda más: es, sin duda, la principal amenaza a la seguridad nacional.

El Tren de Aragua y lo que representa se ha convertido en el enemigo número uno de los derechos y libertades fundamentales en Chile. Y como tal, debe ser abordado como un objetivo estratégico nacional, mediante una respuesta que combine inteligencia, control penitenciario, cooperación internacional y protección efectiva a víctimas y testigos.

La liberación del presunto sicario del “Rey de Meiggs” es gravísima. Pero lo más crítico —y sistémico— es la posible organización a la que se le vincula, que ya opera como un actor paralelo al Estado en diversos territorios de Latinoamérica. Ignorarlo sería un error que el país no puede permitirse.

Por Pablo Urquízar M., académico de Derecho y coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello.