Por Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo
Uno de los efectos de la crisis sanitaria ha sido la disminución relevante de la actividad económica y el empleo, con ello se estima que luego de la pandemia la pobreza crecerá 15%. Las estimaciones internacionales señalan que, por cada punto de aumento de pobreza, el trabajo infantil crece 0,7%. En nuestro país, la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA 2012), de la Oficina Internacional de Trabajo, cifra en 219 mil los niños y adolescentes que trabajan, es decir, 6,6% del total de la población infantil, de los cuales 125 mil están en trabajo peligroso, con más de 53,3% en carga pesada y 40,8% en manejo de herramientas de riesgo. Sobre 100 mil niños que trabajan tienen entre 5 y 14 años y las estadísticas oficiales subregistran el trabajo infantil femenino que se desarrolla al interior de los hogares.
En cifras menos actualizadas del 2004 se estiman en 4 mil los niños sometidos a la peor forma de explotación, la sexual comercial, que indudablemente en estos casi 15 años es muy probable que crezca sostenidamente dada su correlación con el ingreso económico y los desplazamientos demográficos. Con todo, resulta entonces evidente que las estimaciones conservadoras nos indican que cerca de 30 mil niños ingresarán a este grupo de niños que trabajan, con efectos sobre la deserción escolar y otras graves vulneraciones que afectan su desarrollo físico y emocional.
En nuestro país, la infancia es el grupo más afectado por la pobreza y la exclusión social, poco más de 900 mil están bajo esta condición, el 23% en pobreza multidimensional y las tasas aumentan significativamente por variables territoriales. Los efectos de la crisis sanitaria y económica sobre esta población son graves e impactan su desarrollo positivo. La deserción escolar es un factor de riesgo en el inicio de trayectorias delictivas y otras graves vulneraciones como los consumos de alcohol y otras drogas, y podría incrementarse sobre un 20%.
De esta forma, parece necesario implementar dispositivos focalizados que, por ejemplo, permitan garantizar ingreso familiar de las familias de mayor riesgo social. También es esencial que se impulsen programas de reescolarización y retención escolar, con soporte pedagógico y técnico mientras se implementan soluciones de educación a distancia, con apoyo a padres y cuidadores en la relación con niños y adolescentes, impulsando la prevención de factores de riesgo.
Asimismo, es necesario reforzar la fiscalización en trabajo infantil en sector informal y avanzar en el proyecto que propone la modificación del artículo 72 del Código Penal, que sanciona delitos cometidos por adultos prevaliéndose de niños, a fin de reducir las acciones de bandas delictivas en el reclutamiento temprano de niños inimputables.
El trabajo infantil requiere de una gestión integral de factores protectores con los cuales hacer frente a los múltiples riesgos que afectan a la infancia más vulnerable es este momento tan complejo para nuestra sociedad y para los niños y niñas de nuestro país.
