Por Julieta Suárez-Cao, profesora asociada del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica y coordinadora de la Red de Politólogas
Recientemente, un grupo de senadores presentó un proyecto para volver a postergar las elecciones de las gobernaciones regionales fijadas para el mes de abril de 2021. La excusa, una vez más, radica en tener más tiempo para poder tramitar la transferencia de competencias. Cabe preguntarse por qué si no lo han hecho desde la sanción de la ley que estipula el mecanismo de elección de autoridades ejecutivas regionales en 2016, debemos creer que es factible que lo hagan en poco menos de un año y en un contexto extraordinario de crisis social y de salud, donde priman cuestiones de emergencia sobre las cuales legislar.
Se puede argumentar que una postergación de abril a noviembre es solamente una demora mínima, sin embargo, sus efectos están lejos de ser políticamente neutros. Quienes abrazamos con convicción la causa de la descentralización para que finalmente las regiones puedan decidir sobre sus propios asuntos sabemos que realizar las elecciones inaugurales de gobernadores regionales en simultáneo con las elecciones presidenciales incentiva la nacionalización de las contiendas regionales al generarse un efecto de arrastre desde las candidaturas a la Presidencia. Este es el efecto opuesto al buscado con el objetivo de reconocer a los territorios el derecho de generar respuestas regionales a problemas regionales.
Los últimos meses, entre el estallido social y la crisis de salud del Covid-19, han dejado en evidencia los problemas graves del centralismo chileno que agudiza el hiato entre el gobierno y las necesidades de las personas de a pie. Descentralizar el poder, de abrir nuevos puntos de acceso al sistema político y de revitalizar las ciudadanías regionales se vuelve imprescindibles en momentos en los que se requiere reconstruir y relegitimar la institucionalidad del país. Las voces preocupadas por la fragmentación potencial que podría traer la democratización regional parecen obstinadas en querer mantener en pie la fachada de representación del sistema de partidos actual y negar su crisis profunda. Las voces preocupadas por la personalización potencial de las contiendas regionales ignoran que las candidaturas a gobernador/a regional deben presentar un programa de gobierno como requisito al momento de su inscripción, lo cual busca incentivar la creación de proyectos colectivos.
Chile, Eslovenia, Turquía e Israel son los países de la OCDE que están al final de lista en el poder de autogobierno de sus regiones. Junto a Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá, Chile es de los países de América Latina cuyas autoridades ejecutivas regionales no son electas democráticamente. Mantener intendentes designados a dos décadas de comenzado el siglo XXI es un vestigio autoritario que es necesario remover para impulsar un proceso de regionalización profunda en el país.
