SEÑOR DIRECTOR

Ad portas del comienzo de la vacunación masiva contra la Covid-19, tanto para adultos mayores como para personal sanitario, llama la atención que el Minsal haya decidido expresamente excluir de este proceso a funcionarias embarazadas o en período de lactancia. Si bien el fundamento de esta medida es la escasa evidencia de eficacia y seguridad de las vacunas en estos grupos, debemos recordar que en el proceso de vacunación de la influenza 2020 (con vacuna muy similar a la de Sinovac) sí se incluyó a las embarazadas como grupo de riesgo prioritario para ser vacunadas.

Diversas sociedades científicas, tanto internacionales como nacionales, han promovido que esta decisión pueda recaer en las mismas mujeres quienes, bien informadas de los eventuales riesgos y beneficios, puedan decidir lo que es mejor para ellas. Al respecto, el CDC y el Comité independiente de inmunización americano (ACIP), han recomendado que estos grupos puedan acceder a las vacunas luego de un proceso de consentimiento informado adecuado.

Existe abundante evidencia de que los riesgos de Covid-19 en el embarazo son más serios que en mujeres de similar edad no embarazadas; asimismo, dado que durante el curso de los ensayos clínicos ha habido embarazos, se estima que con las vacunas que usan virus inactivado o mRNA, los beneficios de vacunarse superan los eventuales riesgos.

Si bien el personal sanitario que cursa un embarazo o está amamantando puede ser distribuida a otras funciones de menor riesgo, son muchas las mujeres que en estos momentos críticos sienten el deber de no restarse de la atención presencial y también están preocupadas por la recarga laboral del resto del equipo de salud si se excluyen de la “primera línea”.

Hago un llamado responsable a la autoridad sanitaria para que reconsidere esta medida y que permita que sea una elección de la mujer y no una imposición.

Sofía Salas Ibarra

Centro de Bioética, Facultad de Medicina

Clínica Alemana Universidad del Desarrollo