El alza en la tasa de interés de política monetaria (TPM) que anunció el Banco Central para que contenga la inflación debe venir acompañada de más austeridad fiscal, ahora o en el futuro. De lo contrario, la mayor inflación no será frenada, de acuerdo con la teoría fiscal del nivel de precios de John Cochrane.
Según la “regla de Taylor”, el aumento de la tasa de interés debiera ser equivalente a 1,5 veces el alza indeseada de la inflación para conseguir su objetivo. Si nuestra expectativa inflacionaria aumentara al 5%, la regla de Taylor sugeriría una TPM del 6,5% para devolver la inflación al objetivo del 3%. Así, los 75 puntos base con que el instituto emisor llevó la TPM a un todavía expansivo nivel del 1,5%, dan cuenta de anticipación y prudencia de su parte.
La preocupación del Central es razonable, debido al fuerte estímulo provisto por los programas fiscales como el IFE, y los tres retiros de las AFP ya efectuados, que han aportado del orden de US$ 80 mil millones (30 puntos del PIB) a los ingresos de los hogares. En este contexto, y quizás para contener un cuarto retiro de las AFP, el gobierno envió al Parlamento un proyecto para mejorar la cobertura de la pensión básica solidaria y el monto de la pensión mínima, que implica un esfuerzo adicional a financiar con nuevos impuestos que recaudarían más de US$ 1.100 millones.
Aunque el proyecto está lejos de ser la “cirugía mayor” anunciada durante la discusión del primer retiro y no está ni cerca de la reforma que se propuso en respuesta a la crisis social de 2019, su costo es alto dado el momento económico actual. A primera vista, la propuesta parece neutra, ya que implica financiar gastos futuros prioritarios con impuestos futuros, sin generar un mayor déficit. Sin embargo, esa recaudación tributaria no proviene de crecimiento, sino de los bolsillos de los contribuyentes para ser redistribuidos, dejando los recursos de estar disponibles para reducir un exceso de gasto que nos podría llevar a perder la clasificación de “Investment Grade”. Al final, la recaudación tributaria tiene un límite y los gastos fiscales un costo de oportunidad. Solo a modo de ejemplo: tres meses de IFE equivalen a nueve años de estos nuevos tributos.
Si bien solo un 5% del total de la recaudación esperada proviene de un nuevo impuesto a las ganancias de capital (si se mantiene la tasa propuesta del 5%, que podría escalar en el proceso legislativo) cabe reflexionar sobre este tributo. El resurgimiento de la idea de gravar las ganancias de capital proviene de una errada hipótesis de Thomas Piketty, rechazada por el 81% de los economistas consultados en una encuesta realizada por The Initiative on Global Markets de la U. de Chicago. Según él, la principal causa del aumento de la desigualdad desde los 70, es que la tasa de retorno del capital después de impuestos (r) es mayor que la tasa de crecimiento de la economía (g). Así, los que tienen patrimonio lo verían crecer a tasas mayores a las de los salarios de los trabajadores.
Pero ¿existen realmente las ganancias de capital como las medimos? Para entender que no es así, analicemos solo a modo de ejemplo el caso hipotético de un profesional que vive en regiones y al que un ascenso le implica trasladarse con su familia a otra ciudad. Como su casa le costó hace cinco años bastante menos que su actual valor en el mercado, el trabajador supone que, si la vende, puede comprarse una vivienda equivalente en su nuevo destino. Pero si por dicha “ganancia de capital” debiese pagar impuestos, el precio neto ya no le alcanzará para una similar. El error radica en ver la utilidad como un “margen de ventas”, olvidando que ante bienes durables hay siempre un pasivo que también sube de precio y que no está siendo contabilizado: en este caso, la necesidad de vivir en algún lado.
Con los activos financieros ocurre lo mismo, ya que las alzas de valor provienen en gran medida de caídas en la tasa de descuento. Así, por ejemplo, si una persona compra, para construirse una pensión, un bono emitido por una empresa que promete pagarle $ 100 al año a perpetuidad, este valdrá $ 1.000 si la tasa de interés es un 10%, pero $ 2.000 si esta cae al 5%. Nada ha cambiado en cuanto a sus ingresos futuros, que siguen siendo de $ 100. Sin embargo, si quisiera ajustar su portafolio para mantener su pensión ante la caída de tasas, diversificando en dos emisores en vez de uno, la plata después de impuestos tras vender el bono no le permite recuperar los $ 100.
Así los impuestos a las ganancias de capital generan innumerables rigideces a la reasignación de recursos. Abrir ese tema a estas alturas del ciclo económico-político-constitucional, no parece una buena idea. Introducir más gasto fiscal en un momento en que las arcas del Estado están al límite, tampoco.P
