Por Eugenio Rivera, Coordinador Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible
El estallido social sorprendió al sistema político. Reinaba el desconcierto y el miedo en una situación de violencia e ingobernabilidad, pero el acuerdo del 15 de noviembre del 2019 abrió el camino institucional para superar la crisis. El plebiscito de entrada representó una clara toma de posición a favor de una Constitución elaborada por un poder constituyente distinto al Congreso. Irrumpieron independientes, representantes de los pueblos originarios antes nunca considerados, y la fragmentación de las organizaciones políticas hizo temer que no sería posible elaborar un texto constitucional; pero el 4 de julio el Presidente de la República recibió la propuesta constitucional. No solo se cumplió con los plazos, sino que, como señala el convencional Agustín Squella, la propuesta constitucional es importante y valiosa, con aciertos y defectos; deja definitivamente atrás la del 80, y es transformadora, al responder al siglo que estamos viviendo, pero no es refundacional y menos aún revolucionaria. Aunque el país aún no se dé cuenta del todo, y la violencia todavía está presente, se ha dado paso al debate constitucional que, pese a los epítetos y la furia verbal, es un debate democrático.
Tras años de desgobierno, pese a los chascarros, errores y falta de prolijidad, el gobierno de Boric gobierna. El Presidente orienta al país definiendo la hoja de ruta gubernamental si triunfase el Rechazo, eventualidad remota pero no imposible que define como costosa, pues implica reiniciar el proceso constituyente, prolonga la incertidumbre y posterga los cambios. En sintonía con el acuerdo del 15 de noviembre, se juega por más democracia. Esta definición pone en duros aprietos a la derecha, que ahora desiste de un nuevo proceso constituyente que antes ofrecía de ganar el Rechazo, apresurándose a proponer que sea el Congreso o un grupo de expertos que elabore la nueva Constitución (NC).
En pocos meses, y pese a la crisis global, el gobierno impulsa un fuerte e innovador apoyo a la población más vulnerable, los sectores medios y a las Pymes; reduce el gasto público en 24% real con lo que el déficit fiscal efectivo pasa de -8% del PIB en el 2021 a cero y el estructural de -11% a -1,3% del PIB. La reforma tributaria garantiza un financiamiento sano para los derechos sociales que compromete la NC. Como si ello fuera poco, de manera sutil, Marcel sacó del marasmo al Banco Central frente al descontrol del mercado cambiario. Con dificultades, pero consistentemente se construye la convergencia entre Apruebo Dignidad y los partidos de la ex Concertación, apareciendo en el horizonte una coalición de gobierno sólida. Si bien Cavallo tiene razón que el estallido social no tuvo líderes, yerra al no constatar que el gobierno de Boric ha asumido el liderazgo e iniciado la construcción del orden deseado.
