En defensa de la Defensoría de la Niñez

Por Ximena Gauche, doctora en Derecho; profesora asociada, Universidad de Concepción

El 29 de enero de 2018 fue publicada en el Diario Oficial la Ley 21.067, que creó en Chile la Defensoría de los Derechos de la Niñez. Concebida como una corporación de derecho público, tiene por objeto la difusión, promoción y protección de los derechos de que son titulares niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a la Constitución Política de 1980, a la Convención sobre los Derechos del Niño y a los demás tratados internacionales ratificados por Chile, así como a la legislación nacional, velando por su interés superior; interés superior que, sabemos, es un principio rector de los asuntos de la infancia.

En abril de 2018 y con un amplio respaldo, la exfiscal Patricia Muñoz fue confirmada por el Pleno del Senado como la primera Defensora de la Niñez en Chile, a propuesta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta.

Estamos entonces en abril de 2022 cumpliendo cuatro años desde que se lograra una larga y sentida aspiración de un grupo importante de la sociedad chilena y de organizaciones promotoras de los derechos de la niñez y la adolescencia; derechos tristemente vulnerados por décadas, como lo han evidenciado informes nacionales e internacionales y las noticias que, desgraciadamente, vemos de manera regular en los medios.

En el marco de la autonomía de la Defensoría y las atribuciones que la ley le entregó, durante estos años se ha convertido en relevante y promotora de la participación infantil y de los avances que hemos visto, como la reciente Ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia.

Pese a esto, a la vez que debemos alegrarnos de estos cuatro años, estamos viendo cómo la discusión y deliberación constituyente parece no tener reservado un lugar especial para la institucionalidad que tanto nos costó construir.

Si bien hay que aplaudir la aprobación de una propuesta de norma constitucional sobre titularidad de derechos de niños, niñas y adolescentes, principios y énfasis en la protección contra la violencia, también hay que constatar que en la propuesta por crear una Defensoría del Pueblo –aspiración también largamente sentida por parte importante de la sociedad defensora de derechos humanos– se incluirían funciones de la actual Defensoría de la Niñez.

Estimo que no tener presente las particularidades de las niñeces, sus realidades en la necesidad de protección con una institucionalidad especializada, no es la opción que hoy Chile necesita. La mirada tradicional con que hemos abordado el trato a la infancia y la adolescencia ha ido cambiando en estos cuatro años. Se ha logrado instalar la necesidad de considerar de verdad la realidad de cada persona en su tiempo de infancia: quienes viven con su familia y sufren vulneraciones, quienes las sufren en contextos presuntamente seguros -como la escuela-, quienes están en la calle o quienes están bajo resguardo del Estado, por ejemplo.

Como un país que no ha cuidado a su niñez y adolescencia, les debemos una discusión constituyente que no les olvide y se nutra de los avances concretos que ya hemos logrado.