El último año de un gobierno es complejo por definición. Si el primer año es de instalación, el segundo y tercero de ejecución, el último es de salida y los incentivos políticos no están alineados. Por un lado, los gobiernos buscan cerrar alguna política pública y proyecto de ley para afirmar su legado y, por otro, los congresistas están en plena carrera por su reelección.

Aprobada la reforma de pensiones, tramitación que tensionó a las derechas y proyectó el liderazgo presidencial de la ex ministra Jara, y concretado el nuevo Ministerio de Seguridad que cerró la candidatura presidencial de la ex ministra Tohá, las oposiciones parecieran no querer entregar otro triunfo al ejecutivo, pues tiene implicancias presidenciales directas.

La agenda del gobierno no se viene fácil. El Presidente debe optar entre tratar de proyectar que la coalición de centro-izquierda e izquierda se mantenga en el poder o impulsar una agenda identitaria para su mundo más cercano. Eso lo sabremos en el discurso de su cuenta anual. La encrucijada está entre promover proyectos, tales como el aborto, eutanasia o reforma tributaria o abordar una agenda según las prioridades de la ciudadanía, siguiendo con seguridad, narcotráfico o salud. Todo esto en un marco donde se juega la popularidad final del Presidente, cuestión que puede proyectar su regreso a La Moneda en 4 años más.

El año legislativo tendrá varios bemoles. El último año se diferenciará de los anteriores ya que no habrá temas políticos en disputa. Un ejemplo, la reforma de pensiones y de Isapre no sólo deben ser leídas como un asunto coyuntural, sino que logró forjar un acuerdo básico sobre el modelo de derechos sociales, centro de la disputa de los dos procesos constituyentes, arribando a un modelo mixto de provisión pública/privada.

Así, podemos diferenciar distintos tipos de proyectos. Están aquellas modificaciones necesarias, pero con un sentido popular como lo es el proyecto de subsidio eléctrico, discusión que ha tensionado al gobierno con el mundo empresarial y especialmente con el Senado. Hay reformas, en cambio, necesarias y técnicas que tienen cara de poder arribar a buen puerto, como lo es proyecto general de permisología y también el proyecto pro-consumidor que, al final del día son dos proyectos, uno sobre de derechos y otro sobre sanciones. A lo mejor le conviene al ejecutivo aprobar sólo la primera parte.

Finalmente, están los proyectos necesarios en el área política, cuyo avance se ve difícil. La reforma política en un año electoral no es el mejor escenario. Acá hay tres factores contradictorios: gobernabilidad, representación y supervivencia. La discusión está girando en torno a dos ejes que no fortalecerán el sistema de partidos, reglas de cesación en el cargo y la idea de que los parlamentarios electos deben siempre permanecer en el Congreso independiente de si sus partidos alcanzan el umbral. Es decir, el triunfo del individualismo parlamentario.

Por Tomás Jordán, abogado.