Por Rolf Lüders, economista
El país está viviendo una situación complicada e inestable en materia económica-social. Circunstancias parecidas se pueden observar en otros países de la región e incluso más allá de ella, incluyendo a algunos desarrollados. También es un hecho que este descontento se puede explicar parcialmente por los efectos de la pandemia, pero también por las consecuencias de la expansión de la globalización y de la liberalización económica. Los últimos fenómenos han generado un progreso económico-social sin precedentes y han sacado, en el mundo, a miles de millones de personas de la pobreza. Sin embargo, y simultáneamente, han aumentado las desigualdades que, en general, ya no son menores.
En Chile, la búsqueda apurada y casi exclusivamente política de una solución de corto plazo a los problemas nombrados, se ha traducido en efectos que pueden comprometer seriamente nuestro futuro desarrollo. En estos momentos los mejores ejemplos de políticas así son aquellas del retiro de los fondos acumulados en el sistema de pensiones y las de los subsidios universales, medidas que se han adoptado con un escaso aporte técnico. Me parece que no exagero cuando sostengo que en la actualidad y en general en el país, las medidas legislativas se estudian poco y eso es grave.
La contribución de los especialistas a las políticas públicas ha venido disminuyendo en Chile, pari passu con el aumento del poder del Congreso. En el diseño y aprobación de una buena política pública, nos explicaba ya más de medio siglo atrás el premio Nobel de Economía Jan Tinbergen (1956), cada uno -la política y la técnica- tienen su rol: la primera define los objetivos y la segunda propone -subrayo el propone- los medios más idóneos para lograr dichos fines.
En esta materia nos pasamos de un extremo -en que, décadas atrás y en la práctica, los ministros de Hacienda (técnicos) fijaban, a su mejor entender, los objetivos y los medios de las políticas económico-sociales del país- a la actual situación en que, entiendo, se han aprobado políticas públicas sin una sola consulta técnica. Existió entre medio una época -¿ideal?- en que se observó un fuerte insumo técnico en la definición de las políticas públicas.
Al respecto, el Padre Alberto Hurtado sostenía que los problemas sociales son morales, pero no son solo morales: encarnan también problemas técnicos que han de ser resueltos para poder aplicar normalmente los principios. Al respecto, el sacerdote jesuita daba un ejemplo y sostenía que si los salarios no alcanzan para la vida, la moral enseña que hay que hacerlos tales que alcancen. Pero, ¿por qué medios? Y concluía que las posibles medidas alternativas que él citaba deben ser estudiadas bajo el punto de vista técnico y de eficacia. ¿Escucharemos en estos momentos tan cruciales al Padre Hurtado?
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