La prolongación de las restricciones que impiden un normal desarrollo de las actividades productivas se está traduciendo en una profundización de la contracción económica. La secuela de menores ingresos y de pérdida de puestos de trabajo que esto implica es evidente, y ello justifica plenamente el esfuerzo fiscal que se está realizando para ir en ayuda de quienes se están viendo más afectados, como también las medidas orientadas a facilitar la recuperación una vez superada esta primera fase. Pero la recuperación no va a ser algo fácil de lograr, al menos a las tasas que muchos están considerando en sus proyecciones. Los procesos recesivos liberan una gran cantidad de recursos -capital físico, humano y financiero-, que quedan disponibles para otros usos, pero su relocalización no es algo automático. A los obstáculos judiciales, administrativos y burocráticos inherentes a la readecuación hay que sumar la pérdida de capital humano específico que se produce con el cierre de empresas, la destrucción de cadenas productivas, al efecto que la menor inversión tiene sobre el stock de capital de la economía, entre otros factores.
El Acuerdo suscrito entre el gobierno y los tres principales partidos de la oposición para enfrentar los efectos económicos y sociales de la epidemia ha permitido generar un marco de referencia imprescindible para poder acelerar la implementación de medidas concretas. Una adecuada combinación entre políticas “de demanda” (impulso fiscal) y políticas “de oferta” (facilidades e incentivos a la contratación, a la inversión y al desarrollo de nuevos proyectos) va a ser fundamental para encauzar a la economía por la senda de la recuperación, y esta oportunidad no se puede desaprovechar para avanzar también en variados temas orientados a mejorar la productividad aún pendientes, que van a ser fundamentales para nuestra próxima etapa de desarrollo, donde la recuperación deberá ir asociada con un sentido de proyección en el tiempo.
Pero todo lo anterior, siendo una condición necesaria para una recuperación sólida y sostenida, no será suficiente. Hay dos materias adicionales en las que también se requeriría un acuerdo. La primera se refiere al ya tantas veces repetido tema del control del orden público, que constituye una amenaza latente ante la probabilidad de que resurja un ambiente de violencia una vez superada esta fase de la pandemia. Es difícil pensar en un entusiasmo reactivador en una circunstancia de este tipo. Pero ello no es lo único. También va a ser necesario acordar un marco de referencia en cuanto a reglas del juego y respeto de ciertos derechos básicos, ad portas de un proceso de discusión constitucional de incierto resultado. Incluso antes que esto comience, la forma en que se está legislando respecto de ciertas materias sensibles para quienes arriesgan capital en el país, contraviniendo lo que está establecido en la Carta Fundamental vigente, no constituye una buena señal para fomentar nuevas inversiones.
