Por José de la Cruz Garrido, Centro de Políticas Públicas, Facultad de Gobierno UDD
En la historia política latinoamericana, el culto a la persona no es nueva. Más aún si hablamos de populismo. La “Primera Dama” es una figura, al menos para el caso chileno, que tiene una tradición vinculada a la beneficencia. Pero no solo eso. Desde Lucía Hiriart este cargo administra importantes recursos y una poderosa red de influencia. La esposa del general Augusto Pinochet heredó una institución creada por María Ruiz Tagle (1964-1970), que despliega todo su potencial en un contexto autoritario: CEMA. Los resultados son por todos conocidos. Desde entonces, la “figura” de la “Primera Dama” es, en definitiva, una institución que maneja tanto recursos económicos, como simbólicos, para la beneficencia.
En el contexto democrático, en la primera presidencia de Michelle Bachelet de alguna manera se institucionaliza acorde a los nuevos tiempos con la dirección del Área Sociocultural de la Presidencia, que pasa a administrar una red de fundaciones en ausencia de una primera dama. Lo que ocurre nuevamente en el segundo periodo de la Presidenta Bachelet.
Al arribo de la Presidencia de Gabriel Boric, asume el cargo su pareja y, no obstante, el gobierno instala la idea de “deconstruir” el rol de “Primera Dama”. En línea con un discurso que afirma que estamos frente al primer gobierno “feminista”. En este contexto, se instaura el “Gabinete Irina Karamanos”, que incluye un decreto e inscripción de sitios web, haciendo eco en las redes sociales que polemizan personalizar en un nombre una institución. Al salir al paso, el gobierno enmienda acusando un “error administrativo”, sin embargo, obviamente era una decisión muy planificada.
Entre feminismos y el culto a la persona, el discurso que apela a replantear un rol de una “Primera Dama”, que al menos ya dos veces en el siglo XXI no fue tal, tiene poco sustento. En este “rol”, lo decisivo es una oficina que administra fundaciones que implican políticas públicas sociales que van más allá de la agenda LGBT+. No es solo un cargo decorativo, como se suele subvalorar. Otro detalle. El gabinete recién creado, además de personalizar una institución pública, pasa a tener un equipo que sus predecesoras no contaban. A lo que se suman, como se informó, más de 100 “asesoras de género” en todo el aparato de Estado (La Tercera 12/06/2022). Esta inyección de recursos reafirma la relevancia política que acepta el revisionismo feminista. Entonces la pregunta central es si el Área Sociocultural de la Presidencia debe diseñar sus políticas de beneficencia con sesgo feminista y qué implicancias de política pública tiene esta decisión. En definitiva, es compatible este identitarismo ideológico con la neutralidad esperada de las políticas públicas elaboradas desde la presidencia.
La respuesta debe confrontarse con los hechos. El ímpetu refundacional del gobierno, que acompaña un proyecto que explícitamente constitucionaliza el “enfoque de género” (hay 39 menciones explícitas en el borrador armonizado), sumado al personalismo que se adopta en esta decisión, nos da una pista. Tras ello no hay que olvidar que hay recursos, millonarios sueldos y equipos de personas que hablan desde un enfoque que una variante del feminismo de izquierda ha hegemonizado como suyo. Paradojalmente, desde la vereda ideológica opuesta, incurre en un diseño sectario similar al que le dio Lucía Hiriart. No por nada antes de finalizar la dictadura traspasó la dirección de CEMA, dejando la presidencia de la fundación en la esposa del comandante en jefe del Ejército. Institución que en los años 70 siguió una línea de propaganda afín a lo que algunos autores han denominado el disciplinamiento de la mujer (Lechner y Levi 1984), que incluyó 6 mil voluntarias y más de 200 mil socias.
