Por Jorge Fantuzzi, economistas de FK Economics
Cada cuatro años se nos proponen programas de gobierno por parte de los diferentes candidatos presidenciales. Cada uno refleja lo que le parece que es mejor para el país, de acuerdo al diagnóstico que cada uno hace y lo que considera más conveniente para Chile.
Pronto los ciudadanos –como muchas otras veces- nos veremos enfrentados a muchas propuestas, buenas y malas. La diferencia es que ahora tenemos presiones de corto plazo que limitarán nuestra posibilidad de pensar en proyectos de largo plazo. La pandemia y el estallido social nos obligan a solucionar ahora problemas urgentes.
Esto lo reconoce la OCDE en su reciente mirada en el plano económico a nuestro país.
Para el corto plazo, destaca la necesidad de contener la pandemia y sus repercusiones. Ahí la OCDE insiste en aumentar la capacidad para la realización de pruebas y el seguimiento masivo, propone seguir ofreciendo un apoyo transitorio a las Pequeñas y Medianas Empresas, así como a las familias más vulnerables, reasignar el gasto público de manera eficaz, y mantener una política económica expansiva hasta que la recuperación económica se encuentre afianzada. Todo esto –y más- es clave si pretendemos capear adecuadamente la ola que la crisis sanitaria dejará en el país.
Recién solucionados estos problemas podremos pensar con claridad respecto del futuro. La OCDE también nos ofrece algunas propuestas que ciertamente vale la pena considerar.
Por el momento que vivimos como país, las más llamativas, en mi opinión, son las propuestas en materia de inclusión. Plantea -entre otras cosas- incrementar la inversión en educación parvularia, primaria y secundaria de calidad y aumentar las posibilidades de cuidados infantiles. Cabe destacar que pese a su urgencia y a que el diagnóstico es claro hace tiempo, hasta ahora no lo hemos hecho por privilegiar políticas mal enfocadas como la gratuidad universitaria.
Otro punto interesante es que la OCDE propone reducir los umbrales a partir de los cuales se aplican el tramo superior y el inferior del impuesto a la renta. Esto significa, por una parte, que más gente pague el impuesto más alto a la renta, y por otra parte, que personas de bajos ingresos comiencen a pagar impuesto a la renta. En opinión de la OCDE, los recursos adicionales obtenidos pueden utilizarse para crear un impuesto negativo sobre la renta, que garantizaría un ingreso mínimo. Dicho sea de paso, este impuesto negativo lo están proponiendo también think tanks de diferentes sectores políticos en Chile, lo que se financiaría en parte con los recursos de diferentes subsidios al empleo insuficientes e ineficientes.
Conforme lo propuesto, acá hay una hoja de ruta. Ojalá no nos lamentemos en unos años más por no haber hecho en el corto plazo lo que era urgente y en el mediano plazo lo que es necesario para dar a Chile una nueva senda de desarrollo y prosperidad.
